La sentencia de la Audiencia Nacional por la que se absuelve a los cinco directivos del diario euskaldun 'Egunkaria' va a tener repercusiones importantes y muy positivas. Primero, porque cierra definitivamente un episodio que nunca debería haberse producido. En segundo lugar, porque demuestra que la Justicia en España -con sus errores y con la lentitud que hemos venido denunciando- funciona y tiene en su seno elementos de corrección que al final ponen las cosas en su sitio, como es obligado en un Estado de Derecho garantista. Y, en tercer lugar, porque la sentencia establece unos determinados elementos de doctrina jurídica que habrá que tener muy en cuenta en el futuro.
Y no me refiero sólo al hecho de que el juez no haya visto acreditado «ni directa ni indirectamente» que 'Egunkaria' haya defendido en ningún momento los postulados de ETA; o que los procesados tengan la más mínima relación con la organización terrorista; o que hubiera recursos de procedencia ilícita en la financiación del periódico. Me refiero también al principio, recogido en la sentencia, de que la libertad de información y expresión es un pilar vertebral de cualquier Estado democrático y, por eso mismo, especialmente protegido por la Constitución. Razón por la cual no hubo razones ni constitucionales ni legales para actuar como se actuó.
Lo cual nos recuerda que hay normas y procedimientos en todo Estado de derecho que no pueden ser sorteados, a riesgo, en caso contrario, de erosionar la credibilidad en el propio sistema democrático. Y eso habrá que tomárselo mucho más en serio en adelante, para no incurrir en los mismos errores. Y, en este sentido, habrá que reflexionar también seriamente sobre el papel que en los procedimientos judiciales puede jugar la utilización perversa de uno de los grandes logros del sistema judicial democrático, como es la figura de la acusación popular. Una acusación popular, la ejercida en el presente caso por Dignidad y Justicia y la Asociación de Víctimas del Terrorismo, que ha prolongado innecesariamente la causa, cuando el fiscal había retirado las acusaciones.
Pero, más allá de la sentencia, convendría mirar todo este proceso con honestidad y sin perder la memoria. Porque ya hay quienes aprovechan el 'caso Egunkaria' para lanzar sospechas sobre el Partido Socialista de Euskadi. Lo ha hecho, por ejemplo, el presidente del PNV, Íñigo Urkullu, cuando en recientes declaraciones radiofónicas nos acusa de complicidad con el PP en una política de «cercenamiento de la libertad de prensa, de la libertad de expresión, bajo el manto de que todo es ETA». Acusaciones que no vamos a admitir, porque no se ajustan a la verdad y, además, son bastante chocantes proviniendo de un partido que, desde la aparición de 'Egunkaria', habló abiertamente de su vinculación con la organización terrorista.
Lo hizo, por ejemplo, Joseba Egibar, el 22 de julio de 1993, ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, al hablar de «la participación directa y estrecha que había tenido el MLNV, KAS, su permanente y, directa o indirectamente, ETA» en el nacimiento de este proyecto. Y lo hizo también, con anterioridad, el 3 de febrero de 1992, el que fue consejero de Interior, Juan María Atutxa, cuando habló en el Parlamento vasco del «carácter mafioso de ETA y las significativas coincidencias existentes entre esta red y entidades importantes para el mundo de Herri Batasuna, como su propia Mesa Nacional, el diario 'Egin', 'Egunkaria' y el sindicato LAB». Y conviene recordar que la 'red' a la que se refería el señor Atutxa era la que fue desarticulada por la Ertzaintza el 30 de enero de 1992 y que tenía por objeto «ejercer la extorsión y el terror». Y quiero recordar todo esto por si alguien, negando su pasado, tiene la tentación de descargar su mala conciencia en espaldas ajenas.
Por lo que a los socialistas vascos respecta, nuestra posición ha sido coherente. Apostamos desde el principio por que hubiera un periódico en euskera y subvencionado con fondos públicos. Y trabajamos en el pasado, cuando tuvimos responsabilidades de Gobierno, con un consejero al frente como Ramón Jáuregui, para que 'Egunkaria' contara con esas ayudas. Y, por eso, como reconoce la sentencia, desde 1994 a 2002 'Egunkaria' recibió subvenciones del Gobierno vasco por valor de 1.500 millones de pesetas. Unas subvenciones, quiero recordarlo también, pactadas en su día con el PNV en el Parlamento vasco y condicionadas a un control efectivo de los poderes públicos para asegurar que el diario fuera un verdadero «garante de valores de pluralidad, ética y democracia que un periódico debe ostentar».
Cosa distinta es que el Partido Socialista de Euskadi no se hubiera prestado a convertir el cierre de 'Egunkaria' en una operación de agitación callejera contra el Poder Judicial. Dijimos lo que teníamos que decir y donde teníamos que decirlo: en el Parlamento vasco. Dijimos que cerrar un periódico es un asunto muy serio. Tan serio, que había que aclarar cuanto antes las circunstancias en que se había producido esa medida. Y, puesto que había una investigación judicial, expresamos también nuestro deseo de que se disipara cualquier tipo de duda sobre posibles connivencias entre 'Egunkaria' y ETA. Y, el pasado 25 de febrero, facilitamos un amplio acuerdo parlamentario, por el que, basándonos en la retirada de las acusaciones por el fiscal, se manifestaba el deseo de que «el juicio concluya definitiva y satisfactoriamente con la absolución de los imputados».
Éstos han sido nuestros ejes de actuación durante todo este largo proceso. Y ahora que los jueces han hablado, los socialistas vascos tenemos la autoridad moral suficiente para expresar nuestra satisfacción por el contenido de la sentencia. Otros tuvieron que rectificar, para ir del negro al blanco. A nosotros siempre nos ha parecido que la paleta de colores que conforma nuestra realidad es mucho más amplia.
