La muerte de Doccas David se saldará con 14 años y siete meses de cárcel para el que fue su marido y asesino, Iván P. Así lo ha sentenciado el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Barakaldo, que el 10 de marzo dictó una condena por homicidio con lesiones con el agravante de parentesco. La mujer, de 26 años y natural de Sierra Leona, fue estrangulada en su domicilio de Santurtzi el 5 de octubre de 2008. Entonces se detuvo a su esposo, acusado de estrangularla, atar el cadáver, trasladarlo y borrar las pruebas. Todo ello delante de su hija de 3 años a la que tendrá que indemnizar con 211.000 euros por «daños morales y lesiones psíquicas».
El condenado, que permanecía en prisión preventiva desde el día posterior al crimen, tampoco podrá acercarse a su hija a menos de 500 metros ni ponerse en contacto con ella durante cinco años. La menor, que tenía dos años en el momento del homicidio, fue entonces puesta en manos de los servicios sociales. Según recoge la sentencia, a consecuencia de lo ocurrido «presenta signos y síntomas compatibles con un trastorno por estrés postraumático que requiere para su curación tratamiento médico especializado».
La sentencia también considera probada la cronología del crimen, que tuvo lugar a las 10.30 horas en una vivienda de la calle Ramón y Cajal. Entonces, el agresor estranguló a la víctima con su mano izquierda -es zurdo- tras una disputa por un dinero que la mujer le reclamaba. El informe judicial relata que posteriormente Iván salió a comprar una maleta de grandes dimensiones para ocultar el cuerpo y llamó a un amigo al que solicitó ayuda para «simular un accidente». Después limpió el domicilio «llegando a atar de pies y manos a la víctima», a la que dejó boca abajo sobre la cama. Ésta se encontraría ya cadáver, advierte el testimonio de la forense, quien determinó que la presión sobre el cuello fue una lesión mortal que causaría una muerte «casi instantánea». Cuando la Policía llegó al domicilio, Iván confesó el crimen.
«No le ha salido gratis»
El estrangulamiento de Doccas conmocionó a Santurtzi. Tanto que el Consistorio ejerció como acusación popular. Mientras la defensa calificó los hechos como constitutivos de un delito de homicidio por imprudencia y la fiscalía de homicidio, la acusación popular reclamaba un delito de asesinato y 20 años de prisión. «Celebramos que el crimen no le haya salido gratis, pero hemos visto que resulta muy difícil probar un asesinato», se dolió el alcalde, Ricardo Ituarte, quien pidió mayor sensibilización a la Justicia.
