'Stop. Fotógrafos ilegales'. La Asociación de Fotógrafos de Vizcaya ha desenterrado su 'hacha de guerra' para eliminar el fraude existente, a su juicio, en la profesión. El colectivo, compuesto por cerca de setenta profesionales, ha iniciado una campaña de información para «frenar a los intrusos» que se ganan la vida en eventos sociales, como bodas, bautizos y comuniones, «sin declarar los ingresos y con reportajes que pueden afectar de manera negativa a los clientes», denuncia su presidente, Josu Viñaspre. En Vizcaya, se celebran unas 5.000 bodas al año y la mitad, aproximadamente, «son cubiertas por personas que incumplen las normas que les acredita como profesionales: certificado actualizado del IAE y el último recibo de autónomos o nómina de empresa».
El presidente de la asociación sitúa entre 1.300 y 1.800 euros el precio medio por reportaje fotográfico. «Si el 50% no se declara, imagínense de qué cifras de fraude estamos hablando», añade. Más de 3,7 millones si se coloca la media en 1.500 euros. Con estos números en las mano, los fotógrafos se han dirigido «en primer lugar» al Ayuntamiento de Bilbao para que adopte «las medidas necesarias».
Pero las instituciones no son el único objetivo de su campaña. Con su iniciativa pretenden concienciar y «llegar» a los clientes «a la hora de contratar un reportaje fotográfico a través de internet, así como a establecimientos hosteleros y compañeros de profesión». El 95% de las parejas de novios, advierten, «dan por supuesto que los fotógrafos que se anuncian en la red son profesionales. Sin embargo, en muchos casos -recalca-, no existe un contrato. Parece que no tiene importancia. Pero si no entregan el trabajo y no tienes una dirección -alerta Viñaspre-, ¿adónde recurres?».
Para evitar estas situaciones, los fotógrafos vizcaínos publicitarán sus servicios en portales de la red, así como sus reivindicaciones y requisitos cuando se contrata un servicio. «No queremos bloquear a nadie -añade el vicepresidente de la entidad, Javier Martín-. Tan sólo pretendemos que la gente que trabaje lo haga en igualdad de condiciones». Para ello, están dispuestos a entregar el carné de la asociación «a todos aquellos que presenten su acreditación oficial, sean miembros de la agrupación o no», añade Surne, la secretaria.
Además, instan a la Administración que «tome cartas en el asunto» y adopte medidas «como en Murcia, por ejemplo», donde la Asociación de Fotógrafos Profesionales de la región y la dirección territorial de Inspección de Trabajo y Seguridad Social «han creado un Comisariado de Asuntos Legales». Esta organización lleva tiempo «persiguiendo a los fotógrafos no acreditados como profesionales», explica Viñaspre.
