En La Rioja hay algo más de 1.700 edificios en los que algún vecino se retrasa en el pago de los recibos de la comunidad de propietarios, tal y como lo recoge un informe de Arrenta (Asociación para el Fomento del Alquiler y Acceso a la Vivienda). Se estima que en toda la región hay unos 11.300 edificios, por lo que los morosos representan un porcentaje ligeramente superior al 15%, mientras que la media nacional se stiúa en un 16%, según este mismo estudio.
Por comunidades autónomas, Cataluña encabeza el ranking de número de bloques de viviendas con algún vecino moroso, seguido por Andalucía y la Comunidad Valenciana. La Rioja ocupa la décimoseptima posición en esta lista.
En el estudio de la evolución de conflictos en las comunidades de vecinos se confirma que el impago de cuotas o derramas es el problema más habitual. En concreto, representa el 59% del total. Y es que producto de la difícil coyuntura económica, ha habido un incremento del número de morosos: en 2008 se situaba en un 10% y, a lo largo de 2009, ha ido aumentando mes a mes hasta ubicarse en un 16%.
Sin embargo, para el secretario del Colegio Territorial de Administradores de Fincas de la Rioja, Constantino Pascual Rubio, las estadísticas manejadas por Arrenta y que hacen referencia a todo el año 2009 ya se han quedado cortas. «En estos momentos, por datos de la Junta de Gobierno, los que manejamos en el Colegio, en mi negocio particular y con otros administradores, posiblemente nos estemos acercando al 20% de morosos».
Reclamaciones
Para la resolución de las deudas con la comunidad de propietarios existen dos opciones: la reclamación judicial o la vía arbitral. En el primer caso, cuando el vecino no muestra intenciones de saldar su deuda, el resto de propietarios tiene que convocar una derrama extraordinaria para cubrir la deuda. Entonces la comunidad reclama la deuda por vía judicial, a través de un proceso monitorio.
En este proceso surgen tres posibilidades: el moroso paga, el moroso no paga -porque no quiere o porque no se le ha podido localizar- y el moroso se opone al requerimiento. En estos dos últimos casos, comienza un proceso más largo donde se acumulan más tiempos y retrasos, porque hay que instar una demanda ejecutiva -que generalmente termina en embargo- o ir a juicio, con los correspondientes gastos de abogado y procurador.
En el segundo caso, la comunidad se traslada a un tribunal arbitral que será el que decida. Este tribunal celebra las vistas escritas y, en un plazo máximo de sesenta días, dicta un laudo o sentencia firme -ejecutable y no recurrible, con lo que se evita la presentación de recursos que alargarían aún más todo el proceso.
Este segundo procedimiento prácticamente no se utiliza en La Rioja. Pascual Rubio señala que, en un primer momento se inicia una vía amistosa, pero casi nunca se recurre a la vía arbitral, sino que se acaba directamente en la vía judicial, concretamente en juicios monitorios.
Se agotan los fondos
«También ha aumentado el número de estos procesos, porque al haber aumentado los importes adeudados, la comunidad ya no puede soportar las deudas comunitarias de algunos propietarios. Hasta hace unos años las deudas solían ser pequeñas, de pagos de gastos ordinarios. Eran cantidades no muy significativas que no entorpecían la financiación habitual. En estos momentos, como las cifras de morosidad son bastante más altas, agotan los fondos y causan problemas de liquidez a la comunidad».
El otro problema es el retardo en los procedimientos judiciales. Teóricamente, cumpliéndose todos los tiempos, deberían durar un par de meses como lo señala la Ley de Propiedad Horizontal, pero «tal y como funcionan los Juzgados» pueden pasar seis meses antes de que salga la sentencia definitiva. «Esta es la única manera de hacer presión fuerte con los morosos y tratar de recuperar esas cantidades», concluye.
