Todo anfitrión espera de sus invitados algún detalle. Que uno lleve la bebida, que otro se encargue del postre... Y a Vitoria le ocurre algo parecido. El 23 de mayo de 1980 fue designada «sede del Legislativo y Ejecutivo vasco» durante un pleno parlamentario y desde principios de los noventa se han sucedido los debates en torno al pago de una contraprestación por parte de Lakua por esa condición de capitalidad. La discusión ha resurgido, y con fuerza, esta misma semana: primero con la petición de un canon realizada por el grupo municipal del PP y después con las declaraciones del alcalde de Bilbao, Iñaki Azkuna, al asegurar el pasado jueves que Vitoria no es la capital de Euskadi. EL CORREO ha 'viajado' por las 17 comunidades autónomas para conocer su situación y ha encontrado un país dividido: seis cuentan con una financiación especial para la cabeza de la región, otras seis carecen de ella y en cinco - incluida la vasca- se ha abordado el asunto en alguna ocasión.
La primera en levantar la veda fue Navarra. Lo hizo en 1997 cuando aprobó la Carta de Capitalidad de la Ciudad de Pamplona donde se le otorgaba «un tratamiento diferenciado en el régimen económico», que el pasado año se tradujo en la entrega al Ayuntamiento pamplonés de 22 millones de euros procedentes de las arcas del Gobierno foral. La cantidad, fijada en las cuentas generales de la comunidad, aumenta cada curso según el Índice de Precios de Consumo con el fin de que sea «suficiente» para que el Consistorio alcance «su reequilibrio presupuestario».
«Más gastos que ingresos»
Pero, ¿en qué consiste el reajuste? Los canarios, que fueron en 2007 los últimos en aprobar una ley de estas características, lo resumen de forma sencilla: «Las capitales tenemos unos gastos de más por el hecho de ser capitales y, aunque somos conscientes de que eso también nos genera unos ingresos, perdemos dinero». Con estas palabras se explica Sebastián Franquis, portavoz del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que recibió en 2009 un total de 4,7 millones de euros a modo de canon. Santa Cruz de Tenerife, la otra sede del Ejecutivo insular, se llevó 4,5. «Ahora estamos trabajando en fijar los criterios con los que luego se deciden las cantidades y el Consejo de Capitalidad -presente en todas las comunidades que ofrecen esta contraprestación y formado por representantes municipales y autonómicos- ha encargado un estudio externo que definirá los costes», indica.
El análisis previo que realizó el Consistorio grancanario hablaba de «40 millones de euros» para sufragar la organización de eventos culturales de la comunidad en la isla, la ocupación de espacio público por edificios gubernamentales o el tráfico de un mayor número de vehículos y la consecuente congestión de sus vías. Y pese a que la cifra no es todavía definitiva, la necesidad de pagar un dinero extra a las dos capitales provocó en su momento «un escaso debate». «Se asumió que debía ser así», zanja tras conocer la polémica desatada en Euskadi.
En Galicia, ocho años después de la aprobación de su Estatuto de Capitalidad, pocos discuten ya la existencia de «un instrumento de compensación» -definición que utiliza el documento- para Santiago de Compostela como sede de las instituciones autonómicas. La Xunta le dará 3,1 millones de euros este ejercicio. En torno a tres millones transferirá el Gobierno de La Rioja al Ayuntamiento de Logroño dentro del convenio de cooperación pactado entre ambos en 2004.
Casos especiales
La lista la completa Palma de Mallorca en un lugar destacado. En concreto, el primero. Disfruta desde 2006 de la Ley de Capitalidad más 'jugosa', con 25,5 millones de euros del Ejecutivo balear hace un año, que destinó, entre otros recursos, a la ampliación de su red de centros sociales. Pero el recorrido por las comunidades aporta otros casos curiosos, los de las dos grandes capitales españolas: Madrid y Barcelona. La primera se beneficia de un Régimen Especial desde hace casi cuatro cursos pero el apartado de su financiación se halla aún en blanco, a la espera del desarrollo de la normativa que regulará las Haciendas locales. Hasta entonces será la mayor sede de todo el país, pero no recibirá ni un euro de más por ello.
La ciudad mediterránea, en cambio, puede presumir de ser la única cuya capitalidad es reconocida directamente por el Gobierno central desde 2006 -el pasado año con 20 millones- mientras la Generalitat no la incluye en ninguna partida especial de sus presupuestos. La denominada Carta Municipal de Barcelona recoge otras peculiaridades, por ejemplo que «el dinero extra que recibe es en concepto de capital cultural, es decir, va destinado a equipamientos -museos, teatros, fundaciones...- que superan el ámbito metropolitano y tienen proyección internacional», aclaran desde su Ayuntamiento.
«¿Y eso cómo se consigue?», se preguntan en Toledo, Castilla-La Mancha, al conocer la situación de estas comunidades. Los manchegos, junto a los vecinos de Asturias, Comunidad Valenciana y Murcia, conforman ese grupo ajeno a debates sobre cánones para sus sedes. Castilla y León tampoco lo discute pues en su Estatuto de Autonomía ni siquiera se reconoce una capital concreta, sino que, con un diseño similar al de Euskadi, reparte el área legislativa-ejecutiva en Valladolid -en el caso vasco en Vitoria- y la judicial en Burgos -en Bilbao-.
Pero en el mapa del país se dibuja una última zona donde la implantación de un régimen especial se aborda cada cierto tiempo, tal como ocurre en el País Vasco. Aragón elabora ya una Ley de Capitalidad para Zaragoza tras varias conversaciones y Mérida, sede extremeña, la reclamó en los noventa aunque ha abandonado la discusión en los últimos años, justo cuando ha arrancado con intensidad en otras dos comunidades. El alcalde sevillano apuesta por ese reconocimiento desde hace una década pero se encontró con la oposición de la Junta de Andalucía, partidaria de la Ley de Grandes Ciudades, y con un premio de consolación en el reconocimiento expreso de Sevilla como «capital» en la reforma de su Estatuto de Autonomía. En Cantabria, el Ayuntamiento santanderino pelea también por la aprobación de la Carta de Capitalidad pero su presidente, Miguel Ángel Revilla, defiende que la inversión de «más de 404 millones en proyectos en la ciudad desde 2003» es suficiente aval del compromiso de la comunidad.
