El debate sobre la situación de Santiago de Compostela en torno a este asunto quedó zanjado precisamente a través de su Ley de Capitalidad de 2002, documento que permitió también la aprobación de una financiación especial o canon para la sede. Hasta entonces, su Estatuto de Autonomía, firmado en 1982, fijaba en esta ciudad «la sede de las instituciones autonómicas de Galicia» sin hacer una mención explícita a su condición. Dos décadas después de su aprobación, la nueva norma dotó a Santiago de «un estatus especial» que tenía como fin «en primer lugar, la plasmación normativa expresa, el reconocimiento formal de Compostela como capital de la Comunidad Autónoma».
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