El Ayuntamiento va a decidir mediante un concurso público qué compañía se ocupará en el futuro de sus teléfonos y conexiones de Internet. De las suyas y de las de todas las sociedades municipales. El resultante es una tarta que vale nueve millones de euros y que caduca en cuatro años con posibilidad de prorrogarse dos más. La importancia del asunto se entiende si pensamos que el Ayuntamiento es una gran empresa que gasta mucho en teléfono e Internet. Imaginen a todos esos funcionarios que hacen miles de llamadas importantísimas mientras consultan su correo y reenvían el último mail tronchante con fotos de chimpancés travestidos que juegan al tenis. Hay un dinero ahí, en ese tráfico diario de información y despiporre.
Por otro lado, la conveniencia del concurso es máxima. Garantiza que la adjudicación del servicio sea diáfana y evita que el alcalde Azkuna tenga que ir por las tiendas del ramo, comparando planes y tarifas: «Ya veo, ya veo, luego con los puntos nos dan terminales nuevos. ¿Y estos dice que sacan videos?». A la convocatoria del Ayuntamiento han respondido tres importantes empresas. Lo curioso es que dos lo han hecho en comandita. Telefónica y Euskaltel, que se dan dentelladas en el mercado y compiten con fiereza por otras concesiones públicas, se presentan al concurso bilbaíno formando una llamativa alianza temporal.
A la tercera implicada, Vodafone, la jugada no le ha hecho gracia. Incluso piensan en ir a los tribunales. Su situación es, aproximadamente, la de un Valencia que descubriese en septiembre que el Barça y el Madrid se fusionan para competir mejor en la Liga. Vodafone mira al nuevo gigante telefónico, a Euskalfónica, y ve a Messi y a Cristiano sonriendo y dándose con el codo. En opinión de Vodafone, el concurso tiene un vencedor cantado. Lo cierto es que uno ve sufrir a una compañía telefónica y se alegra un poco. Es sabido que se trata de las empresas más odiadas por la población civil. Pero en este caso creo que la municipalidad debe ser totalmente ecuánime y no olvidar nunca que ostenta la sagrada representación de la ciudadanía. Su deber consiste en maltratar a todas las compañías telefónicas por igual. A ver si es posible.