Algo más de 900 personas, entre docentes, alumnos, padres y ciudadanos en general, respondieron ayer a la convocatoria de manifestación en favor de la Educación Pública y contra el 'cheque' de 600 euros para el Bachillerato Concertado. Es la segunda movilización que la plataforma formada por los sindicatos UGT, STAR, CC OO, STE, los partidos IU y PCPE y las organizaciones FAPA y MSEP convocan contra la citada medida promovida por el Gobierno riojano, aunque con más amplio trasfondo.
«Es un rechazo en esto puntual, pero también en lo global», manifestaba ayer Mikel Bujanda, de CC OO y portavoz de la Plataforma. Las denuncias de ésta pasan principalmente por dos ejes: por un lado, la progresiva discriminación en el reparto presupuestario entre la red pública y la privada, y los beneficios a esta segunda, en detrimento de la primera: se refieren a cifras como el recorte previsto en los Presupuestos de la Comunidad del 27% para la red pública, y el incremento del 8,19% para la red privada; o el citado cheque. El otro eje es el reparto del alumnado, especialmente el inmigrante, que se concentra en los centros públicos. Aquí, la plataforma reclama una ventanilla única de matriculación y reserva de plazas en los centros para la distribución equitativa de estos alumnos.
Éstos fueron los argumentos esgrimidos en una movilización cuya asistencia no se vió mermada por el mal tiempo. Partió Instituto Sagasta y recorrió Vara de Rey, Gran Vía y Víctor Pradera, para volver a El Espolón, donde se leyó un manifiesto. No faltó la parada ante el Palacete del Gobierno regional, al que se dedicaron cánticos como 'Sanz, escucha, la pública está en lucha', o 'Pública gestión, Alegre (y Caceo) al pilón'.
«Política» para Educación
La movilización es un paso más de la campaña que la mencionada plataforma ha emprendido hace meses en favor de la Educación Pública. Una campaña que ha contado además con episodios como las cartas que el consejero de Educación, Luis Alegre, remitió hace unas semanas a los directores de los centros públicos. Ayer mismo, por la mañana, la Consejería volvió a intervenir, a través de dos de sus directores generales, Pedro Caceo y Rafael Federío, quienes calificaron la manifestación de «política», y apuntaron que el Parlamento es el lugar para debatir el asunto.
La respuesta de la plataforma fue clara: «Olvidan que aquí está la comunidad educativa de la enseñanza pública al completo: padres, madres, profesorado, personal de administracion y servicios, y trabajadores. Estamos abiertos a un debate serio y no a cartas coactivas y políticas para aumentar beneficios empresariales de la educación privada», zanjó Henar Moreno, de Izquierda Unida.
