¿Quién se beneficia de las ayudas al sector forestal? La polémica saltó en enero y no ha dejado de crecer. Fue entonces cuando salió a la luz la concesión de ayuda directa y excepcional -en la medida en que eludía los concursos habituales- de 1,5 millones de euros a Basolanak Elkartea -una asociación que agrupa a una treintena de empresas- que había irritado a buena parte del sector forestal vizcaíno. Las críticas de los profesionales hicieron hincapié en que, en el contexto de crisis actual, la subvención otorgada por la Diputación debería haber estado abierta a la participación de otras firmas interesadas en orientar su producción hacia nuevos horizontes, como el uso de la biomasa forestal en la producción de energías renovables.
Lejos de quedar ahí, el asunto fue adquiriendo mayor relevancia a medida que se destaparon nuevos datos. Primero se supo que el presidente de Basolanak es un ex alto cargo del Gobierno vasco que ocupa en la actualidad el puesto de gerente en la agencia de desarrollo rural de Urremendi. Días después, se conoció que el 90% de la subvención había sido facturada por Smurfit Kappa -una multinacional que ha anunciado una inversión de 25 millones para poner en marcha una central de biomasa forestal en Iurreta en 2011- y que la asociación subvencionada no había invertido lo que le correspondía.
La controversia fue agrandándose y finalmente llegó a las Juntas Generales. La diputada de Agricultura, Irene Pardo, compareció ante los grupos a principios de febrero y subrayó que el Gobierno foral había respetado «escrupulosamente» los procedimientos que regulan estas ayudas. También insistió en que el estudio se justificaba por su interés «económico» y «social» y que sus conclusiones iban a ser compartidas con el conjunto del sector.
Sus explicaciones, sin embargo, no sirvieron para calmar las dudas de la oposición (PSE, PP, EB y Aralar), que reclamaron una investigación para disipar la «nebulosa» generada en torno a esta ayuda. Pardo, por su parte, contraatacó acusando, sobre todo al PP, de realizar una oposición «maliciosa», «desleal» y «destructiva».
«Condicionar» políticas
La Mesa Intersectorial de la Madera (MIME), un órgano que aglutina a empresas y asociaciones del conjunto del sector en Euskadi, no tardó en salir al paso de la polémica. Lo hizo para recordar la «profunda crisis» que atraviesa el mundo forestal y para cargar contra los partidos que habían cuestionado la subvención. La agrupación se mostró convencida de que el informe sería «aprovechable» para el desarrollo del sector y abogaron por apoyar «todos los esfuerzos e iniciativas que favorezcan las actuales estructuras existentes». Por último, lamentaron la existencia de políticos que se dedican a «discutir» en lugar de «buscar soluciones» y, en este sentido, defendieron las actuaciones de la Diputación y el Gobierno vasco.
Lejos de aplacar al sector, estas palabras encendieron aún más a muchos profesionales sin vinculaciones ni dependencias respecto a las principales asociaciones del territorio. También provocaron la reacción del PP, que se decidió a poner nombre y apellidos a los principales directivos de esta agrupación. Además, han llegado a una serie de conclusiones que han quedado plasmadas en una petición de comparecencia en las Juntas Generales: «Al calor de las subvenciones públicas ha surgido un 'lobby' de presión que poco o nada ayuda al sector en su crisis actual», mantiene Arturo Aldecoa. El juntero popular resalta la falta de «credibilidad» de la dirección de un órgano que «se ha fosilizado» en estructuras «cuya única justificación es su propia perpetuación». Sobre todo, porque considera que «sus intereses pesan más que cualquier otro razonamiento». Una visión que coincide en gran parte con lo esgrimido por Iosu Murgia, de Aralar, en la Cámara vizcaína.
Arturo Aldecoa asegura que parte de este 'lobby' de «intereses creados» -plasmado en el gráfico de la izquierda- «condiciona» la política de las administraciones y «pone en riesgo» las iniciativas de reactivación del colectivo forestal. En parte, porque estima que muchas de estas personas, en lugar de dedicarse a promover medidas eficaces para el sector, actúan de «receptores preferenciales» de las «mejores» subvenciones, evitando que gran parte de los fondos lleguen a los profesionales afectados.
En este sentido, destacan casos como el de M. A., ex director de Investigación del Gobierno vasco, que en 2007 y 2008 firmó subvenciones a la empresa Enerpellet por casi 1,5 millones. Da la «casualidad» de que esta misma persona ocupa en la actualidad el cargo de consejero delegado de esta compañía, que está participada por distintas sociedades. Entre ellas, Ebaki, que se encuentra ligada también a la dirección de la MIME.
