El 20 de junio de 1991 fue un día oscuro en Bonn. El Parlamento alemán decidía, por una mayoría exigua, trasladar la capital a la reunificada Berlín. Con la caída del muro, la apacible ciudad encaramada al Rhin y sus apenas 300.000 habitantes decían adiós al Parlamento, a las sedes diplomáticas y a 22.000 puestos de trabajo. Tras cinco décadas bajo los focos, se abría el vacío bajo sus pies. Hoy, transcurridos diecinueve años de la traumática mudanza, la urbe destronada es otra. Pero, frente a lo que muchos temían, ni cayó en un agujero negro -en buena medida, gracias a conservar algunos ministerios y a la 'hoja de ruta' que se trazó para compensar el 'derrocamiento'-, ni es un ejemplo de decadencia. Muy al contrario, se ha consolidado como una próspera ciudad de servicios con un amplio desarrollo social y comercial.
De vuelta al País Vasco, y a una capitalidad con tres décadas ya de recorrido y con vocación interina -se concedió a Vitoria «mientras Navarra no se integre en la comunidad autónoma», recalcó el nacionalismo por boca del lehendakari Garaikoetxea-, el paralelismo con el ejemplo teutón permite calibrar el verdadero calado de aquel nombramiento desde esa otra perspectiva: ¿qué supondría para Vitoria la pérdida de su condición de cabeza autonómica de Euskadi? «Nada. Lo mismo que si se declarara que por fin es la capital del País Vasco», replica con socarronería el catedrático de Historia y viceconsejero de Cultura, Antonio Rivera. «Algunos de los organismos, entes y sociedades públicas del Gobierno vasco están aquí» -para ser exactos, tan sólo nueve de las veinte ligadas a Lakua-. «No pasa mucho más», agrega.
Para este analista y político, ex vicerrector del campus alavés, todos los efectos positivos del nombramiento se produjeron entonces. Se refiere al desembarco de funcionarios que deparó la decisión adoptada en Pamplona por la asamblea general del PNV, el 29 de marzo de 1980, de designar a Vitoria como «sede del Legislativo y del Ejecutivo vasco». El Gobierno vasco se convirtió, ciertamente, en la principal empresa de la provincia, con una plantilla que en la actualidad supera los 11.000 funcionarios, el 18% de los empleados públicos de la comunidad. Vitoria, entonces habitada por 180.500 personas, «ya estaba en la deriva lógica de una ciudad postindustrial que mudaba a una de servicios. La implantación de las sedes administrativas supuso un empujón. Y, probablemente, es una de las razones por las que Vitoria es hoy la única ciudad vasca que crece desde el punto de vista poblacional», expone el historiador.
Aunque admite abiertamente anhelar una capitalidad «legal», está convencido de que «refrendar lo que ahora no es más que un título honorífico» se quedará en una simple «quimera». «Es una cuestión que no preocupa a nadie. Ni al resto de los vascos, ni a buena parte de los alaveses. La capitalidad de Vitoria es un mero símbolo de la artificiosidad de los debates vascos», sentencia.
«Dialéctica del victimismo»
Emilio Guevara, primer diputado general alavés de la democracia y hombre clave en esta historia, difiere. Auténtico artífice de la designación, evoca la encarnizada controversia interna que se vivió en el PNV para conjurar los demonios territoriales y poner una dirección física a la naciente autonomía vasca. Recuerda, así, como sus compañeros vizcaínos pujaron, por supuesto, por llevarse la capitalidad a Bilbao, el núcleo financiero por antomasia de Euskadi, y, también, cómo los guipuzcoanos la veían en San Sebastián, para ellos, el verdadero centro geográfico.
En defensa de Vitoria, Guevara aportó razones técnicas y estratégicas -la ciudad contaba ya por entonces con buenas comunicaciones por carretera, una administración foral, policía propia (el Cuerpo de Miñones, hoy una mera sección de la Ertzaintza) y concierto económico-, pero también esgrimió argumentos políticos de gran efectismo, inspirados en la consolidación de la idea jeltzale de país. (En síntesis, o amarraban Vitoria, o dado su sentir menos nacionalista y el mestizaje de una población surtida en un 50% de emigrantes, se les podía caer del mapa). Touché. La cruzada de este prestigioso abogado, ahora independiente en las filas del PSE, se plasmó el 23 de mayo de 1980 en una escuetísima Ley.
Transcurridos seis lustros de aquello, ¿está asimilado; los vascos de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa tienen interiorizada la capitalidad de Euskadi? ¿Y Vitoria, ejerce en la práctica como tal? «Está asumido con normalidad», asegura Guevara con tibieza. «Pese a que algunos alaveses practican la dialéctica del victimismo, creo que son indiscutibles los beneficios que nos ha reportado. Ha robustecido el sector de los servicios, ha incrementado la población y ha contribuido de manera notable a que Vitoria sea más moderna y, sin duda, más conocida en el exterior».
La segunda cuestión tiene más aristas, pero la respuesta resulta esclarecedora. «Ejerce como capital política y administrativa. Como centro financiero, está claro que no. Sigue siéndolo Bilbao, del mismo modo que San Sebastián se ha quedado como capital cultural. Pero es que aquella Ley fue una forma de reparto y de equilibrar el país. No se trataba de desnudar a nadie para vestir a otro», admite el letrado, quien sólo se lamenta de un «fallo» al echar la vista atrás, el de «no haber completado la capitalidad con el tercer poder. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco debería estar aquí».
Especialista en las formalidades que ordenan las relaciones entre políticos y autoridades, el responsable de Protocolo del Ayuntamiento da fe de que la capitalidad de Vitoria no se manifiesta con la concentración en la ciudad de actos autonómicos o de rango superior. «No creo que sólo porque seamos la capital tengamos que albergar todas las celebraciones. Cada ciudad tiene sus dotaciones y sus aptitudes. Cada una se postula para lo que considera que está capacitada», defiende.
Por eso, no se duele de que, por ejemplo, San Sebastián acabe de acoger una cumbre europea de ministros o de que Bilbao vaya a albergar el próximo Mundial de Baloncesto. Josu Alberdi no reclama más protagonismo para la capital vasca «por el hecho circunstancial de serlo», pero sí un «reconocimiento ético y moral, de la misma manera que se asume que San Mamés es la catedral del fútbol».
Para José Antonio Sánchez Bugallo, el alcalde socialista de Santiago de Compostela -capital «legal» de Galicia desde 1982 y «oficial» desde 2002-, «al ayuntamiento de turno le corresponde defender esa 'titularidad' para que sea reconocida por el gobierno autonómico correspondiente». José Ángel Cuerda, el ex regidor al que le tocaron gestionar dos décadas de capitalidad vitoriana, rompe la baraja. «Nunca me he identificado con ese concepto. Ni antes, ni ahora. Yo prefiero hablar de Vitoria como sede de las instituciones autonómicas. Tenían que estar en alguna parte y nos tocó a nosotros. Lo demás, es un debate absolutamente irrelevante. Además, me niego a territorializar las cosas como si fuéramos tres países a la greña».
El espinoso canon
Frente a la indiferencia de Cuerda acerca de esta cuestión, secundada más tarde por su sucesor, el conservador Alfonso Alonso, el actual presidente de la Corporación llegó a la Alcadía con el propósito de insuflar «orgullo capitalino» a los ciudadanos, labrar el reconocimiento «real» del resto de los vascos y arrancar una aportación económica del Ejecutivo vasco, en forma del espinoso canon de capitalidad.
En sus treinta y dos meses de mandato, el socialista Patxi Lazcoz no se ha desprendido de una pulsera naranja reivindicativa, ha normalizado el concepto «capital de Euskadi» -antes casi una extravagancia para el apocado carácter alavés-, ha acuñado la marca 'Vitoria, capital de vida' y se dispone ahora a festejar la efemérides, por tercera vez en treinta años, con un acto institucional y actividades populares. En cuanto a la parte crematística de la cuestión, esa la ha dejado deliberadamente en el tintero por consejo directo de su partido y del propio Ejecutivo de López, donde no quieren oír hablar de un canon de capitalidad para Vitoria. Vamos, que el melón sigue cerrado.
Aun así, la contraprestación económica continúa soliviantando. Mientras el viceconsejero de Cultura dice apoyar la medida para así conseguir una «capitalidad legal», el ex diputado general de Álava lo tacha de «ocurrencia desechable», puesto que «no genera ninguna carga para Vitoria». En este punto, el responsable de Protocolo del Ayuntamiento 'aludido' disiente frontalmente. «Nuestra condición de sede institucional nos ha reportado, básicamente, funcionarios y manifestaciones, y eso supone un gasto para la ciudad que debería ser compensado, bien por el Gobierno central o, en su defecto, por el vasco», defiende.
El ex alcalde Cuerda se lleva las manos a la cabeza. «En todo caso, deberíamos ser nosotros los que les pagaremos a ellos como agradecimiento a que decidieran instalar aquí las sedes de las instituciones», zanja. Desde la esquina noroeste de la Península, el regidor de la capital gallega dice que es «de justicia ayudar a la capital a cubrir sus gastos, compromisos y obligaciones derivadas de esa condición». Y así es allí. Una comisión bilateral formada por cinco representantes autonómicos y otros tantos municipales ha acordado que este año la compensación de la Xunta a la 'anfitriona' será de 7 millones.
Sin desdecirse de su posición favorable al canon, Antonio Rivera, hace autocrítica por la «actitud indolente» de los vitorianos hacia las instituciones que desembarcaron con el inicio de los ochenta y sus inquilinos. «El edificio de Lakua, en el que trabajan a diario 2.000 personas, es un agujero negro. Apenas hay media docena de bares alrededor donde comer y ni siquiera tienen una marquesina para esperar al autobús. No les hemos dado cancha», valora.
