La extravagante historia de la aparición de cuatro falsos radares en la carretera de Izurtza a finales del pasado mes de enero sigue deparando nuevos capítulos, cuando menos, singulares. Ahora es la Diputación quien ha tomado cartas en el asunto. El ente foral, titular de la BI-623 a su paso por el pequeño municipio vizcaíno, ha iniciado un expediente sancionador contra el Ayuntamiento «porque los radares están en suelo público», confirmaron ayer los responsables del Consistorio, gobernado por la izquierda abertzale, durante el transcurso de una sesión plenaria. Desde el organismo foral, por su parte, aseguraron no poder facilitar datos al respecto.
Según el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Izurtza, el documento fue recibido hace dos semanas en las oficinas municipales. El Consistorio recurrió la pasada semana la notificación «alegando que nosotros no hemos iniciado esa obra». Así lo explicaba ayer el alcalde en funciones del Consistorio, Iker Ballarín. «Si consideran que no son ilegales deberán quitarlos», añadió.
El representante municipal apuntó, sin embargo, que la retirada de estos dispositivos «tardará más ahora, ya que deberá esperar a que se cierre la tramitación administrativa que se ha iniciado». De momento, tampoco ha recibido respuesta por parte de la Diputación al recurso municipal. El teniente de alcalde añadió que de producirse la sanción, ésta podría costar a las arcas municipales «entre 1.000 y 6.000 euros».
Falsos o no, los radares «han cumplido su función. Igual es porque algunos aún no saben que no funcionan, o porque todo este tema ha despertado la conciencia de que no se puede circular por aquí a cien por hora», comentó el teniente de alcalde de Izurtza. «Lo que no sé es lo que durará esa conciencia», admitió Ballarín. El Ayuntamiento tratará este rocambolesco asunto la próxima semana «para intentar consensuar una postura oficial» en la comisión de Urbanismo.
