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Una huelga de récord

ÁLAVA

Una huelga de récord

14.02.10 - 03:08 -
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Es cuestión de días. A ojo, échenle unos veinte. Será entonces, entrado marzo, cuando la huelga del geriátrico foral Ariznavarra tome el testigo a la de 'Caballito' y se convierta en la más larga de la reciente la historia laboral no sólo de Álava, sino del País Vasco. De momento, este jueves cumplirá dos años de paros. Sí, dos años de movilizaciones, de veladas acusaciones e infinidad de reuniones baldías que han acabado por marear e incluso desesperar al dedo acusador de la opinión pública. ¿Quién tiene la culpa? Error. Haberla, hayla, pero uno se topa con tantas respuestas como partes implicadas navegan por unas aguas tan pantanosas. Otro interrogante, quizá el más importante. ¿Cuándo se solucionará?... Silencio. Tantos como partes implicadas. Nadie sabe nada. Todos reman en direcciones opuestas dentro de una nave con un centenar de octogenarios residentes que, impotentes y «tristes», ven tambalear la estabilidad del geriátrico, de su casa.
En los títulos de crédito de la que será la huelga más larga del País Vasco aparecen tres actores protagonistas y un cuarto que sufre el enredo de los primeros. Por partes. La Diputación, en el último tramo del mandato de Félix Ormazábal, en 1999, adjudicó la construcción y gestión del geriátrico a Caja Madrid (luego pasó a Mapfre Quavitae, del mismo grupo) por un periodo de 45 años tras comprometer una inversión de 1.228 millones de pesetas (7,5 millones de euros). En aquel concurso público sólo hubo dos ofertas, y la segunda correspondió a la Caja Vital. Todavía hoy es la única residencia de la tercera edad de titularidad foral que apuesta por una fórmula que ha quedado en entredicho.
La empresa, Mapfre-Quavitae, y las trabajadoras, lideradas por ELA, siguen enzarzadas en un diálogo de sordos. La Diputación, pese a tener la titularidad del centro, lleva dos años echándoles la pelota en su tejado argumentando que el conflicto es laboral y por lo tanto, a ella nada le atañe salvo velar por la buena calidad del servicio que se presta a los residentes, los cuartos protagonistas por antonomasia.
Ariznavarra es sinónimo de huelga, de confrontación, de paros de siete horas diarios todos los días de la semana. Un nombre asociado a un conflicto laboral que amenaza (si no lo ha hecho ya) con herir de muerte a un recurso foral de 140 plazas residenciales y otras 60 en dos centros de día. En su corta historia -el 21 de mayo cumplirá diez años desde la llegada de sus primeros inquilinos- ya ha sufrido dos huelgas de larga duración. La que finalizó en 2003 tras ocho meses de paros y la actual, aún vigente y sin visos de solución. De seguir por esta línea, tres de los diez años de vida de Ariznavarra los habrá pasado en huelga. «Estamos cansados. Todo el mundo pasa olímpicamente de nosotros», lamenta Ignacio Ortiz de Guzmán, uno de los portavoces del colectivo de familiares.
Los paros de ahora, como los de hace siete años, están motivados, 'grosso modo', por una mejora de las condiciones laborales y económicas de las 125 trabajadoras del complejo. La diferencia entre uno y otro conflicto, al menos de cara a una posible solución, es que entonces el Gobierno vasco nombró a un mediador que emitió un laudo finalmente acatado por todas las partes y ahora, esta opción está descartada. El Gabinete del peneuvista Xabier Agirre cree que su papel está más que cumplido con el pago de 2,1 millones que en junio de 2008 hizo a Quavitae por la revisión de las tarifas del periodo 2003-2007. A partir de aquí, el bipartito PNV-EA considera que no hay obstáculos para que ambas partes rubriquen un acuerdo. Pues los hay.
«Presionar con el contrato»
¿Qué piden las trabajadoras? En términos generales, un convenio laboral a medio o largo plazo que garantice mejoras salariales anuales y evite conflictos laborales cada dos años. «No queremos ser funcionarias ni nada que se le parezca a ello. Eso es mentira. Sólo queremos condiciones dignas de trabajo», asegura Vicky Holgado, presidenta del comité de empresa.
Desde el otro lado de las trincheras, Mapfre ha optado por escudarse en el silencio después de haber sido preguntado en infinidad de ocasiones por este periódico. Pese a todo, sí ha trascendido que su oferta es de 1,5 puntos por encima del IPC para 2008 (año que comenzó la huelga), y de 0,5 para 2009 y el presente ejercicio. Es la misma oferta que hicieron hace un año y que las trabajadoras volvieron a rechazar por enésima vez hace unos días en Vitoria, en la última reunión que mantuvieron. ELA, que apunta directamente a la figura del diputado general como principal culpable, se aferra al acuerdo alcanzado con la firma Lagunduz como principal y quizá única vía de solución. No hay que olvidar que Lagunduz, como adelantó este diario, ha presentado una oferta firme a Mapfre, que puso a la venta el geriátrico por 12 millones de euros.
Sea como fuere, el conflicto sigue más enquistado que nunca y la Diputación, pese a todo, evita dar un puñetazo encima de la mesa y adoptar medidas drásticas como el 'rescate' de la concesión, un medida, eso sí, que de salirle mal podría suponerle del orden de 300 millones de euros, la mitad del presupuesto anual de la institución foral. «Presionamos con el contrato en la mano», asegura Covadonga, la diputada de Política Social, quien recuerda que han retenido a Quavitae 1,5 millones en concepto de las plazas libres, las horas no trabajadas y por la sanción de 45.000 ya aprobada -hay un segundo expediente abierto-.
«Seguiremos firmes en nuestra decisión de no enviar a más personas al centro mientras siga la huelga», apostilla la diputada. Y es que de las 140 plazas del geriátrico y las 60 en los dos centros de día, cerca de 80 están vacías pese a la lista de espera crónica de acceso a una residencia que sufre la Diputación. Esto, unido a los servicios mínimos impuestos, hace que los residentes, en líneas generales, hayan visto mejorada su situación en comparación a meses pasados, cuando la situación era «insostenible». Así lo pudo comprobar EL CORREO, que visitó las instalaciones de la mano de los familiares pese a la estrecha vigilancia impuesta desde la dirección del complejo. «Estamos desmoralizados, hartos. Los grupos junteros, el Ararteko, la Diputación... Ya vale. ¿De qué nos sirve protestar? Es una vergüenza», lamentan.
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