Un «ataque a la autonomía local sin precedentes». El Ayuntamiento de Logroño denunció ayer que el Gobierno de La Rioja «vuelve a vulnerar la autonomía municipal» quitando a los consistorios la posibilidad de adjudicar viviendas de protección oficial.
Tanto el portavoz municipal, Vicente Urquía, como el edil de Vivienda, José Luis Prado, coinciden en que el proyecto de decreto en materia de vivienda realizado por el Gobierno de La Rioja establece quitar a los ayuntamientos la posibilidad de adjudicar viviendas proyectadas en suelo municipal. «Es lo más grave en materia de vivienda después de quitarnos la bolsa de alquiler», explicó Urquía. Por su parte, Prado solicitó al Ejecutivo regional que deje al Consistorio logroñés seguir haciendo su política de vivienda.
Por ello, entre las alegaciones presentadas por el equipo de Gobierno, Prado destacó que el decreto incurre en los mismos defectos que viene cometiendo el IRVI, ya que se sortean las viviendas sin comprobar si los solicitantes cumplen los requisitos socioeconómicos. «De esta manera, se desvirtúan totalmente los procedimientos de sorteos baremados, rompiendo la esencia de los mismos, que no es otra que la transparencia y la justicia social», subrayó. Por otro lado, las alegaciones se refieren a que se hagan sorteos por grupos (jóvenes, mayores de 35 y discapacitados), en vez de adjudicar directamente los pisos.
Así, Prado cree que deben revisarse las puntuaciones de la baremación o que se dé prioridad máxima a familias con un sueldo inferior a 1,5 veces el IPREM (ya que los bancos sólo conceden préstamos a partir de esos ingresos) y que no se tenga en cuenta un desahucio o a las familias numerosas.
