Violación del secreto de voto, abuso de poder y coacción. Esos son los principales argumentos en los que se apoya la denuncia presentada por un grupo de padres de alumnos del colegio Anduva ante Educación para pedir la «nulidad del proceso de votación para modificar la jornada lectiva» llevado a cabo en el centro a finales de enero.
El problema no está en el resultado, si no en el proceso seguido para llegar a obtener esos números, un tiempo durante el que se han sentido «instigados». Así lo han vivido aquellos que defendían el mantenimiento de la jornada partida cuando algún profesor del centro les ha llamado por teléfono, « a números que hemos facilitado para que nos localicen en caso de emergencias», para recordarles que aún no habían ido a votar.
Algo, totalmente voluntario. De hecho, este colectivo había hecho campaña por la abstención, ya que si los sufragios no alcanza el 66,6% del censo, el resultado del proceso no es válido.
«Ha habido un abuso de poder, se ha utilizado una información privilegiada para aumentar el número de votos», lamentó José Castro, uno de los firmantes de las denuncias enviadas a la Dirección Provincial de Educación antes y después de saber el escrutinio de las urnas. «Nadie debe conocer los nombres de los padres que participan, salvo los miembros de la dirección ante quienes se vota. No el resto del claustro, que ha estado llamando a las casas», incidió.
Motivación personal
Tan importante como obtener apoyos era sumar participantes. «Han logrado que votos de la jornada partida han ayudado a que salga la continua». Y es que, como señalan en uno de sus escritos al inspector de Educación, «muchos votan por miedo a represalias del profesor con sus hijos».
Algo que temen porque, para este colectivo -son más de 70 los padres que han suscrito estas denuncias- lo que subyace detrás de este interés por someter a votación año tras año el cambio de horario lectivo es «una motivación personal de los profesores: el cambio de la jornada laboral. Nos han estado utilizando hasta conseguirlo».
Y lo han hecho mostrando una «falta de respeto y de actitud democrática» hacia quienes quieren mantener la jornada partida, que han visto como se incluían «frases insultantes en los folletos informativos» o se les prohibía realizar cualquier acto dentro del centro para explicar su postura. Un impedimento que no ha tenido la otra parte. «Los profesores deberían haberse quedado al margen, ellos no votan», zanjó.
