La Fundación Laboral San Prudencio cumplió los cuarenta años el pasado mes de abril. Nació en 1969 con aquellos demandados economatos de alimentación para trabajadores de empresas relevantes en Vitoria que actuaron, según sus gestores, como reguladores de precios. Pero el desembarco de las grandes cadenas y la subsiguiente competencia feroz la obligaron a demostrar su maleable capacidad para reinventarse. Tocaba explorar otros territorios con el ánimo de favorecer a sus 35.000 trabajadores adheridos, que extienden el beneficio a 100.000 personas. Nada menos que el 42% de quienes pueblan la capital alavesa.
Así que San Prudencio, vendidos sus establecimientos a Eroski, se fijó en la vivienda, esa burbuja que crecía sin parar hasta que la aguja la reventó para desvelar la malsana dependencia del ladrillo. La fundación comenzó a levantar pisos de protección oficial en 2005 y hace tres años optó además por los tutelados. Precisamente los 301 que piensa entregar próximamente en el populoso barrio de Lakua, calles Landaverde y Donosti. Estancias de una y dos habitaciones a 120.000 euros destinadas a mayores de sesenta años con autonomía física y todos los servicios para procurar el bienestar social, no sólo residencial, de sus moradores.
A San Prudencio, tal vez por su trayectoria, no se le ha mirado con el recelo que han generado otros promotores inmobiliarios. Las instituciones le abrieron el semáforo y la venta de estas viviendas está asegurada. No cabe afirmar lo mismo de otros intentos baldíos, con Betoño como ejemplo más evidente. También Etxezarra, junto a la casa donde Napoleón dicen que pernoctó, recurre a la publicidad masiva para colocar los apartamentos que le quedan por vender. Y, a todo esto, ¿nadie se plantea la opción de estos pisos tutelados en régimen de alquiler? Las instituciones ya contemplan esta posibilidad en los de protección oficial después de tantos sorteos a los que sólo faltaban los niños de San Ildefonso.
