La foto de Jaime Iborra recogiendo la comida un mediodía cualquiera, observado de cerca por su hijo Iker, es tan curiosa -por lo inhabitual- como la del político sueco Tobias Billström, que saltó a las portadas de los periódicos por acudir al Consejo de Ministros de Justicia de la UE con su bebé en brazos. Ambos son hombres y concilian, una combinación todavía minoritaria dentro de esa nueva cultura de trabajo protagonizada en su inmensa mayoría por mujeres. En Euskadi, sólo el 6% de las solicitudes de ayuda para compaginar familia y empleo son pedidas los varones, frente al 94% solicitado por las féminas.
La acentuada desigualdad de género no ha podido ser contrarrestada con la política de discriminación positiva que puso en marcha el Ejecutivo de Ibarretxe. Hasta el momento, las ayudas económicas para una reducción de jornada benefician más a los hombres que a las mujeres. Por un año de excedencia, ellos cobran 3.000 euros de subvención, mientras que ellas reciben 2.400. Estos incentivos, sin embargo, no se han mostrado eficaces. Por eso, el nuevo Ejecutivo ha decidido igualar las cuantías económicas entre ambos sexos.
¿Por qué los hombres no concilian? ¿Es una cuestión de género o la consecuencia práctica de que ellos suelen cobrar más? En casa de los Iborra Torre fue la calculadora la que decantó la balanza. Cuando nació su hijo Iker, que ahora tiene ocho años, tanto Jaime como su mujer, Miren, trabajaban fuera de casa. Fue el nacimiento de Aitor el que obligó a cambiar las cosas. «Miramos quién de los dos cobraba más y me tocó a mi», resume este vitoriano. Solicitó una reducción del 33%, el mínimo permitido, y, aunque en su empresa aceptaron, pusieron pegas a la hora de configurar un horario adaptado a sus necesidades.
Al final, lo logró. Trabaja cinco horas y diez minutos al día. De lunes a viernes ficha a las ocho de la mañana, sale a las 11.10; vuelve a la oficina después de comer y termina a las seis. Entre turno y turno, hace la compra, prepara la comida, recoge a sus críos de la ikastola, les da de comer y en los pocos minutos que le quedan intenta poner algo de orden en casa. Su mujer se encarga de llevar a los niños al cole a mediodía y tienen contratada a una persona para que los lleve por la mañana. «Lo de conciliar no es ningún chollo», sentencia Jaime, acostumbrado a que le reprochen su «buena vida».
Loli García, directora de Familia del Departamento de Trabajo y Asuntos Sociales, lo describe de una manera gráfica: «Lo que ocurre es que las mujeres han salido de casa y los hombres aún no han entrado». Un reciente estudio de la Fundación Cajas de Ahorros (Funcas) concluye que a mayor nivel de ingresos de la mujer, el reparto de tareas caseras, incluido el cuidado de los hijos, se hace más igualitario en la pareja. García cree que la receta para igualar los roles sociales es sólo cuestión de tiempo, pero admite que el Ejecutivo «no puede estar esperando eternamente a que esto cambie», por lo que ha movido ficha y redactado un nuevo decreto.
El documento, que el Ejecutivo está a punto de aprobar, extiende la cobertura de las ayudas a más casos y aumenta las cuantías, que se podrán solicitar hasta que el hijo cumpla los ocho años, frente a los seis actuales. Los 1.800 euros al año que se reciben en casa de los Iborra caen como una gota de agua en mitad del océano, pero es una paga extra que les viene bien para cualquier gasto imprevisto. «La reducción del salario se nota mucho, pero siempre tuvimos claro que si teníamos hijos los queríamos cuidar nosotros», cuenta Jaime, con cinco años de experiencia conciliadora.
Diferencias entre colectivos
El único inconveniente, además de las diferencias con colectivos como los funcionarios -cobran dos años más de ayudas, hasta que sus hijos cumplen los 10 años-, es el sacrificio forzoso a la carrera laboral. «Es incompatible conciliar y luego recuperar el estatus en el trabajo», se queja Iborra. No le falta razón. Un estudio del Ministerio de Política Social sobre el impacto de las nuevas formas de trabajo en las estructuras familiares destapó que un 34% de trabajadores no ejerce su profesión por incompatibilidad para conciliar la vida familiar con la laboral, una pérdida de talento que se podría resolver gestionando mejor el tiempo.
De las buenas y malas prácticas empresariales sabe mucho Nuria Chinchilla, directora del Centro Internacional Trabajo y Familia del IESE Business School de la Universidad de Navarra. «El problema es que las empresas no tienen un paradigma humano sino industrial, que se resume en que las horas de presencia igualan a la productividad, como si estuviéramos trabajando con máquinas. Hay que pasar de la dirección por presentismo a la de objetivos».
No obstante, a Chinchilla también le gusta destacar el progreso logrado en la última década, con medidas como el certificado de Empresas Familiarmente Responsables (EFR), un título que ya acredita el correcto comportamiento de 168 compañías. El problema actual no es que la empresa no tenga una política de conciliación, «sino que no se aplica, porque en muchos departamentos la persona no reclama su derecho. Hay miedo a las malas reacciones», explica Chinchilla. En este caso, los hombres suelen tener las de perder.
En la fábrica de premontaje de electrodomésticos donde trabaja Blanca Martín, sus jefes se quedaron ojipláticos cuando un grupo de mujeres, entre las que se encontraba esta vitoriana de 36 años, solicitó una reducción de jornada para cuidar a sus hijos. «Tuvimos que presionar mucho y no nos concedieron nuestro derecho hasta el último momento, cuando ya habíamos amenazado con una denuncia», recuerda.
Blanca trabaja media jornada, de siete a once de la mañana. El resto del día lo destina al cuidado de su hija Atteneri, de casi tres años, un regalo de vida para ella y su marido, Joseba Rodríguez, después de ocho años de tratamientos de fertilidad. «Nos compensa con creces cobrar menos dinero y cuidar de nuestra hija, verla crecer, no perdernos ni un minuto de su vida. Para nosotros, todo eso no tiene precio», reconocen.
