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Jueves, 9 de julio 2015, 19:06
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El parlamento chino ha publicado su proyecto de ley de seguridad cibernética, una normativa que consolida el control de Pekín sobre los datos y que tendrá consecuencias importantes para los proveedores de servicios de Internet y las multinacionales que operan en el país.
El documento, fechado el lunes, pero publicado por los medios estatales el pasado miércoles, aumenta la privacidad del usuario frente a los hackers y revendedores de datos, pero a la vez eleva los poderes del gobierno para acceder, obtener registros y bloquear la difusión de información privada que la ley china considere ilegal.
Esta ley ha sido objeto de debate en China desde hace meses. Citando la necesidad de "salvaguardar la soberanía nacional, la seguridad y el desarrollo del ciberespacio", el proyecto de ley es un hito en los esfuerzos de China para reforzar su red contra lo que consideran amenazas a la estabilidad del país.
Fricciones con socios extranjeros
A principios de julio, el parlamento ya aprobó una ley de seguridad nacional que aumenta el control del gobierno en la política, la cultura, el ejército, la economía, la tecnología y el medio ambiente. Sin embargo, la seguridad cibernética ha sido un área particularmente irritante en las relaciones con socios económicos como Estados Unidos, que ve muchas de estas reglas como una carga injusta para las empresas de Silicon Valley.
Según el proyecto de ley, los proveedores de servicios de Internet deben almacenar en territorio chino los datos recogidos dentro de China, mientras que el almacenamiento de datos en el extranjero debe ser aprobados por el Gobierno.
El gobierno también reiteró su objetivo de que los usuarios de Internet se conecten con sus nombres reales a servicios como aplicaciones de mensajería, aunque tales intentos han fracasado en el pasado.
El parlamento dijo además que las agencias gubernamentales podrían emitir directrices adicionales de seguridad de la red para "industrias críticas", como las telecomunicaciones, la energía, el transporte, las finanzas, la defensa nacional, los asuntos militares o la administración pública.
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