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El Gobierno y las comunidades estudiarán tras el verano cambios en la ley de la dependencia

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Alfonso Alonso. / Efe | Ep

  • El nuevo fondo para familias con hijos en riesgo de exclusión sólo contará con 32 millones

El Gobierno y las comunidades autónomas tendrán, después del verano, un estudio que analiza la situación de la ley de dependencia después del último “despliegue” del 1 de julio, cuando se incorporen los deponentes de grado medio al sistema. Unas 315.000 personas, según ha apuntado el ministro de Sanidad. Alfonso Alonso ha explicado que el Consejo Territorial de Dependencia (CTD) ha aprobado encargar un estudio que analice en profundidad todos los aspectos de la norma, entre ellos la financiación. “El apoyo a la dependencia es fundamental de cara al futuro. “Quiero hablar de la financiación del Estado, de las comunidades autónomas y de los usuarios del sistema”, ha apuntado Alonso, que también ha presentado las cifras del año pasado.

En la actualidad, hay 745.585 personas beneficiarias con prestación efectiva, lo que supone el 83,4% del total de las personas con este derecho reconocido y el 88,7% de los grandes dependientes y dependientes severos. La lista de espera se sitúa en 148.137 ciudadanos, un 51% menos que cuando el Partido Popular llegó al Gobierno en diciembre de 2011. “Es la cifra más baja en tres año”, ha apuntado Alonso quien ha recalcado que son unas siete mil personas más que en diciembre de 2011. Un descenso que, en cambio, el Observatorio de la Dependencia achacó hace unas semanas a que los dependientes (uno de cada cinco) fallecían esperando el reconocimiento.

El Consejo también ha aprobado el reparto de un fondo para ayudar a familias con hijos en riesgo de exclusión. Si hace seis meses se dio luz vede a una partida de 17 millones a repartir entre las regiones bajo la norma del indicador Arope (medidor de la UE para los niveles de privación material severa, pobreza relativa y la baja intensidad de trabajo por hogar) que no contentó a nadie, ahora se ha optado por una fórmula mixta con casi el doble de dinero. La partida es de 32 millones, a repartir en un 80% teniendo en cuenta la población y en un 20% el criterio Arope. Así, Andalucía es la que más recibe con 5.345.720 euros, seguida de Cataluña (3.747.451 euros), Comunidad de Madrid (3.086.930 euros), Comunidad Valenciana (2.887.724 euros) y Galicia (2.391.746 euros).