El Correo

Lanbide registra 123 agresiones a sus empleados desde que gestiona la RGI

Un ertzaina acompaña a una trabajadora de Lanbide agredida por un usuario.
Un ertzaina acompaña a una trabajadora de Lanbide agredida por un usuario. / Luis Calabor
  • En lo que va de año los trabajadores ya han sufrido 14 incidentes, un problema que el Gobierno vasco quiere atajar con un protocolo antiataques

Las agresiones a trabajadores de las oficinas de Lanbide son una desagradable realidad que sufre con relativa frecuencia la plantilla. Desde que el servicio vasco de empleo gestiona la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), los episodios de tensión provocados por algunos de los demandantes de esta prestación social han elevado el grado de preocupación. En concreto, desde 2013 hasta ahora se han registrado 123 agresiones, según datos facilitados por el Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno vasco en respuesta a una pregunta de la parlamentaria de EH Bildu Nerea Kortajarena. La consejería que dirige Beatriz Artolazabal anunció recientemente la puesta en marcha de un protocolo antiagresiones entre la batería de medidas que desplegarán para mejorar la gestión de Lanbide y que incluye la identificación en las oficinas mediante la huella digital.

En la estadística publicada no figuran los datos de 2012, pero en realidad ya desde el inicio, tras el traspaso de las competencias de las políticas activas de empleo a finales de 2011, en las oficinas se han visto obligados a lidiar con altercados. Tampoco se ofrece detalle en las cifras sobre el tipo de incidente, si bien la mayoría no han sido hechos de consecuencias graves para el empleado, aunque sí todos condenables. La chispa para que prenda la mecha puede ser cualquier cambio con el que el perceptor no esté de acuerdo: un beneficiario al que se le suspenda la ayuda social y la emprende a insultos y amenazas; otro al que convocan para iniciar el proceso de inserción laboral a través de planes de formación y que carga contra el trabajador que tiene enfrente, o un enfado que pasa a mayores por una queja sobre un expediente sancionador porque ha incumplido alguno de los requisitos fijados. «Atendemos a personas en situaciones límite y canalizan su agresividad contra nosotros, nos convierten en sus enemigos», explica un miembro de la plantilla de Lanbide, compuesta por 600 trabajadores.

Hasta un año sin ayuda

La crisis, con un aumento de los demandantes de empleo y de ayudas sociales con la consiguiente sobrecarga de trabajo en la plantilla, no contribuyó a relajar el ambiente. El envío masivo de cartas a miles de perceptores para reclamarles el pago de dinero abonado de forma indebida sumó un ingrediente más de irritabilidad que algunos perceptores acabaron pagando con los empleados al otro lado de la mesa. Los datos ofrecidos por el Departamento de Empleo y Políticas Sociales muestran que el peor año fue 2014, con 46 agresiones contabilizadas, lo que supone casi cuatro al mes en la red de más de cuarenta oficinas de Lanbide. Un año después, la cifra bajó a 32, y en 2016 fueron 27. En lo que va de año la plantilla ya ha sufrido 14 incidentes.

La consejería está trabajando en un protocolo antiagresiones para formar a sus empleados ante posibles situaciones de conflicto que puedan derivar en una agresión, como también hicieron en 2013 los anteriores responsables tras los ataques sufridos en varias oficinas vizcaínas. Lanbide ofrece apoyo jurídico al trabajador que sea víctima de un episodio de este tipo, tras la preceptiva denuncia ante la Ertzaintza. La forma de proceder ante el perceptor suele ser la de abrirle un expediente, que conlleva la suspensión de la ayuda durante un mes, una sanción que si reinciden puede acabar en un año sin percibir la prestación. En los casos más graves, Lanbide -como recibir varios puñetazos o patadas- ha llevado a juicio a los acusados.

Los sindicatos han venido demandando más medidas para atajar el problema y han denunciado que «la dotación de personal es manifiestamente insuficiente para atender a los usuarios».

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