El Correo

El Gobierno vasco multará a los caseros que no depositen la fianza de alquiler

Carteles de alquiler y venta de pisos en un edificio.
Carteles de alquiler y venta de pisos en un edificio. / Pedro Urresti
  • La medida entrará en vigor el mes próximo después de constatarse que en un 10% de los contratos no se ingresa el dinero en el fondo público

Desde hace un año, el propietario de un piso o un local comercial en alquiler tiene dos obligaciones: registrar ese contrato en el Gobierno vasco y depositar la fianza entregada por el inquilino en un fondo público, en lugar de que esa transacción quede en manos privadas. Las dos medidas se desprenden de los reglamentos desarrollados a partir de la Ley de Vivienda aprobada en julio de 2015 y cumplen ahora un año en vigor. El primer aniversario llega con una novedad, y no especialmente agradable para quienes se hayan saltado la ley. A partir del 1 de mayo, el Ejecutivo pone fin al periodo de ‘gracia’ concendido y comenzará a aplicar los recargos en caso de no cumplir con el depósito en el plazo de un mes.

Sin necesidad de un previo aviso, aplicará un 2% del importe de la fianza al propietario que no haya hecho el preceptivo ingreso (una mensualidad para una vivienda, dos para un local comercial y la cantidad proporcional en los arrendamientos de temporada). El recargo aumentará al 10% tras la primera notificación y hasta un 20% cuando la Administración emprenda la vía ejecutiva. Si el titular sigue haciendo caso omiso, el incumplimiento pasará a ser considerado una infracción leve y podrá sancionarse con una multa de entre 300 y 3.000 euros, con independencia de los recargos pendientes. La multa no podrá ser inferior al doble del depósito debido, precisa el texto de la Ley de Vivienda.

El departamento que dirige el socialista Iñaki Arriola no maneja cifras del volumen de arrendatarios que actúan al margen de la ley. La principal aproximación, y con matices, resulta de la diferencia entre el número de contratos presentados y el número de fianzas depositadas. El pasado mes de febrero 2.798 contratos de alquiler se formalizaron en las oficinas de Bizilagun –el servicio público y gratuito creado para intermediar entre propietarios e inquilinos–, de los cuales 2.458 ingresaron la fianza. O lo que es lo mismo, 340 alquileres pasaron de largo de la obligación del depósito, si bien hay que precisar que hay un mes de plazo para hacerlo.

De ahí que se estime que la cifra final de infracciones ronde el 10%, aunque será a partir de mayo cuando se podrá certificar esa realidad. El departamento sí clarifica que los recargos no solo se aplicarán a los contratos que se salten la obligación de la fianza a partir de mayo, sino a todos aquellos que en este tiempo tampoco hayan cumplido al pie de la letra la ley.

Por encima de lo esperado

La obligación de registrar el contrato de alquiler y de depositar la fianza no fue bien recibida por muchos propietarios, pero, pasado el primer año, los resultados han superado las estimaciones iniciales. Según informó ayer el Departamento de Vivienda, el número de fianzas depositadas en las delegaciones territoriales –donde está el servicio de Bizilagun– asciende a día de hoy a 79.179, entre viviendas y locales, cuando lo que se calculaba era alcanzar los 67.000 pisos.

Solo en el último mes de marzo, se constituyeron 2.792 fianzas en toda Euskadi, de las cuales 1.403 se correspondieron a Gipuzkoa. En consecuencia, el volumen de fianzas también ha resultado más elevado y la cifra ya está en 68 millones de euros, frente a los 50 que se creían.

El departamento insiste en que las medidas no persiguen interferir en una transacción privada, sino que desde la filosofía de derecho social a la vivienda, se busca «dar una mayor seguridad jurídica al arrendatario, además de dotar de transparencia al mercado inmobiliario de alquiler».

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