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Jueves, 5 de marzo 2015, 14:08
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La fianza de casi medio millón de euros que ha impuesto el Tribunal de Cuentas de España se deberá afrontar de forma solidaria por las nueves personas afectadas. De hacerse firme la petición del tribunal a Alfonso Alonso, exalcalde de Vitoria y actual ministro de Sanidad, y al resto de su equipo de gobierno de entonces, entre ellos el actual regidor, Javier Maroto (PP), por el alquiler presuntamente irregular de los locales propiedad de Gonzalo Antón, cada uno de ellos tendría que aportar 55.135 euros.
Entre los afectados se encuentra también el actual senador popular y exconcejal en Vitoria Jorge Ibarrondo, los exediles Encina Serrano, Miguel Ángel Echevarría, Marian Castellanos y Fernando Aránguiz (actual vicepresidente de Kutxabank), así como los actuales miembros del equipo de Gobierno Alfredo Iturricha e Idoia Garmendia.
El Tribunal de Cuentas entiende que dicho equipo de gobierno pagó una cuantía superior por el alquiler de los locales municipales de San Antonio en contra del criterio emitido por los técnicos de la Unidad de Valoración del Ayuntamiento, que establecieron en unos 10.200 euros mensuales el precio del alquiler. Además, la instructora del caso recuerda que se hizo una revisión anual del precio del alquiler hasta nueve puntos por encima del IPC. El Tribunal hace un cálculo de la cuantía que se pagó por encima del precio adecuado y establece que ese importe, más los intereses, es de 496.223 euros, que al dividirse entre nueve da lños 55.135 euros
Fianza adicional en Hacienda
Establece asimismo que los distintos concejales de Hacienda desde 2007 incurrieron en un "error", ya que en lugar de calcular la revisión del IPC en el mes de marzo, cuando se firmó el contrato de estos locales en 2007, hacían esa revisión a finales de año, lo que implicó también un incremento económico. Por ello, impone el pago adicional de 1.696 euros a Javier Maroto, como concejal de Hacienda en aquella época; de 5.228 euros a la responsable de este área entre 2007 y 2011, la socialista Marian Gutiérrez; y de 13.366 euros a Manuel Uriarte (PP), actual responsable de Hacienda.
Con este acta de liquidación provisional se pone fin a la fase de instrucción, por lo que las partes no pueden ya presentar más alegaciones, y se abre la fase de enjuiciamiento en el propio Tribunal de Cuentas.
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