Pitos y caceroladas en una nueva protesta en La Barceloneta contra el turismo de borrachera

En una protesta que también incluía queja de los alquileres que se producen sin licencia a los visitantes, convocada ante el mercado de la Barceloneta en la plaza de la Font, los vecinos pusieron de manifiesto con pancartas, caceroladas y silbidos su rechazo a la saturación de los apartamentos turísticos y el "incivismo" en el barrio. El portavoz de las asociaciones de vecinos del barrio, Oriol Casavella, explicó que lo que quieren es "un barrio para los vecinos y no un turismo de 'low cost'", que además aseguró que ha asegurado desconocer la rueda de prensa convocada para este viernes por el consistorio para explicar medidas ante la situación.

Según Casavella, unos 400 vecinos se sumaron a este circuito por el barrio, en una actuación que se ha centrado, sobre todo, en llamar a la participación a la manifestación de este sábado a las 18.00 horas. La protesta discurrió "de forma pacífica y tranquila, sin altercados" y por la que los turistas presentes en la zona no se han interesado.

Sin embargo, los vecinos desean terminar con los orines, vómitos y ruidos constantes que se aglutinan en las calles del barrio y piden una mayor presencia policial durante las noches y el retorno de tiendas 'de toda la vida' ya que las nuevas aperturas solo tienen que ver con el turismo.

"no es representativo"

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha señalado que el conocido como 'turismo de borrachera' "no es representativo" de la oferta turística en España, pero ha admitido que sí contribuye a deteriorar su imagen.

En declaraciones a la COPE, el responsable de Turismo ha admitido que actuaciones como las que se están produciendo en Magaluf, el municipio turístico de Calvià, en Mallorca, o en la Barceloneta, en Barcelona, "contribuyen a deteriorar la marca España". Preguntado por la solución para atajar este modelo, que no corresponde a un turismo de calidad, Soria indicó que son los servicios públicos, como los Ayuntamientos, a través de la Policía, los que deben hacer cumplir la ley ante unos "espectáculos que no siempre están permitidos".

"Al final se da una mala imagen de lo que es no solo el municipio, sino la comunidad y de España en su conjunto", lamentó.