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Empleados del servicio forense tasladan los cádaveres. / Foto: Efe | Vídeo: Atlas
Uno de los heridos tras el incendio. / Foto: Efe | Vídeo: Atlas
Uno de los heridos tras el incendio. / Foto: Efe | Vídeo: Atlas
Otros incendios en penales
Más de 350 presos han muerto al incendiarse un penal hondureño, en lo que se ha convertido en la mayor tragedia carcelaria en ese país, cuyo Gobierno ha suspendido a todos los responsables de prisiones para emprender una investigación con "total transparencia".
La cifra de fallecidos está pendiente de confirmación, pero el Ministerio Público la ha elevado a 358, incluida la muerte de uno de los heridos que fue trasladado al Hospital Escuela de Tegucigalpa, ha precisado el portavoz de ese organismo judicial, Melvin Duarte. El secretario de Seguridad, Pompeyo Bonilla, ha declarado a los periodistas que el número confirmado de fallecidos asciende a 272, aunque ha admitido que la cifra "podría superar los 300".
Las autoridades también investigan la posibilidad de que decenas de los más de 850 presos de la Granja Penal de Comayagua, en el centro del país, hubieran aprovechado para fugarse, según fuentes penitenciarias.
Investigación
El presidente hondureño, Porfirio Lobo, ha manifestado que "preliminarmente" ha instruido a Bonilla para que suspenda de sus cargos a los funcionarios encargados de la cárcel de Comayagua. Lobo ha informado de que también ha ordenado la suspensión de los responsables de la administración de las cárceles a nivel nacional "para garantizar un proceso investigativo de total transparencia". Se hará "una investigación independiente, con figuras de mucha autoridad moral, con el acompañamiento y observación internacional", ha añadido el mandatario. Lobo, quien en julio de 2010 declaró una "emergencia" carcelaria para afrontar el hacinamiento en el sistema, también ha expresado su solidaridad con los familiares de las víctimas del incendio, que se registró hacia la medianoche del martes.
Las causas del incendio se desconocen, aunque se pudo deber a un cortocircuito, según fuentes del Cuerpo de Bomberos y la Secretaría de Seguridad. "Haremos toda la investigación para determinar qué fue lo que provocó esta lamentable e inaceptable tragedia y deducir las responsabilidades", ha declarado Lobo, quien ha afirmado que "este es un día de profundo dolor para Honduras" y además ha prometido ayuda a los más de 30 heridos en el siniestro.
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, ha expresado su "profunda consternación" por lo sucedido, y ha pedido el envío a Honduras de "una delegación que incluya al relator para las Personas Privadas de Libertad, Rodrigo Escobar, para hacer una investigación de los sucesos y presente un informe exhaustivo" al Gobierno hondureño y a la organización.
También han expresado su solidaridad con Honduras varios gobiernos, como sus vecinos centroamericanos y los de Colombia, Chile, España o Estados Unidos. Lobo ha agradecido a su homólogo de Chile, Sebastián Piñera, que le vaya a enviar "de inmediato" un equipo de "forenses expertos en hacer una rápida identificación de los cuerpos". "Hemos recibido llamadas de apoyo de Estados Unidos, Colombia y del presidente Ortega (Daniel) de Nicaragua, expresando su solidaridad e igual ofreciendo todo su apoyo", ha subrayado.
Un cuadro desgarrador
La identificación de los cuerpos, apilados en cinco celdas de uno de los dos módulos de la prisión, comenzaba este miércoles entre la consternación de decenas de familiares de las víctimas que se oponían a que los cadáveres fueran trasladados a Tegucigalpa para la autopsia respectiva. El cuadro era desgarrador en los alrededores y el interior de la prisión, donde trabajan cinco equipos de forenses.
El sistema penitenciario de Honduras consta de 24 centros en condiciones de hacinamiento, según ha reconocido el Gobierno. De acuerdo con datos oficiales de 2010, las cárceles hondureñas albergaban casi 16.000 reos, cuando su capacidad máxima es de 8.280 personas. El 17 de mayo de 2004 murieron 107 presos en un incendio en el presidio de San Pedro Sula, norte del país, originado por fallos estructurales, producto de un colapsado sistema penitenciario. Otros 66 reclusos y tres mujeres, incluida una niña, fallecieron en una reyerta en el interior de la Granja Penal de El Porvenir, el en caribeño departamento de Atlántida, el 5 de abril de 2003.
