supuestas irregularidades entre 2000 y 2009
El fiscal superior del País Vasco recalca que «merece hacer una investigación porque es un tema serio»
La consejera de Justicia y portavoz del Gobierno vasco, Idoia Mendia, quiso limitar ayer en cierta medida el alcance del informe remitido a la Fiscalía para que investigue las supuestas irregularidades detectadas en quince contratos informáticos firmados durante nueve años por este mismo departamento entre 2000 y 2009, bajo el mandato de Eusko Alkartasuna. Durante su comparecencia tras el consejo de Gobierno, Mendia subrayó que el envío del dossier no implica que el Ejecutivo presidido por Patxi López acuse directamente a alguien, ya que, en caso contrario, «hubiésemos presentado una querella». Según señaló, el Gobierno ha hecho «lo que tenía que hacer», mandar la información recopilada al fiscal para que determine si las irregularidades detectadas son constitutivas de delito.
En caso de que la Justicia resuelva afirmativamente, una de las incógnitas a resolver es hasta dónde llegan las responsabilidades. A preguntas de los periodistas, Mendia optó por la cautela y afirmó desconocer si detrás de la supuesta trama había «órdenes políticas». «En un asunto de estas características no se pueden emitir opiniones, hay que ir a las certezas, los hechos y las cosas que se pueden probar. Hay que ser prudentes», enfatizó la consejera. De hecho, en la documentación elaborada por el Ejecutivo las sospechas se centran en dos exaltos cargos de perfil técnico y no se alude a responsables políticos.
Un informe que ya está en manos de la fiscalía de Álava, encargada de investigar el caso al ser Vitoria la sede del Gobierno vasco, y que ayer fue elogiado por el fiscal superior del Tribunal Superior del País Vasco, Juan Calparsoro. En declaraciones a ETB, reconoció que «merece» hacer «una investigación porque es un tema serio». «Hay mucho dinero que supuestamente se ha pagado, según el informe del Gobierno vasco, sin que existiera la contraprestación correspondiente y el tema tiene que ser investigado», recalcó.
En el Parlamento
Para el fiscal superior del TSJPV, la información que ha enviado el Ejecutivo está «bien elaborada» y es «completa». «Aunque falta oír la versión de las personas supuestamente responsables y también la de las empresas», admitió Calparsoro, quien también abogó por la prudencia. «Esto llevará su tiempo», señaló.
En cuanto a la posibilidad de que el Parlamento vasco abra una comisión de investigación sobre esta cuestión sostuvo que la puesta en marcha de estos órganos «no afecta a los procedimientos judiciales», sino que «tienen otro fin», que es buscar responsabilidades políticas.
«Todo lo que vaya en mejorar el servicio público, en mejorar el uso del dinero público, porque al fin y al cabo pagamos todos los ciudadanos, va en una buena dirección y no me parece mal», precisó Calparsoro.
Mendia comparecerá el próximo miércoles ante la comisión de Instituciones, Interior y Justicia del Parlamento para informar sobre esta cuestión.
