Los dos abogados que se querellaron contra Baltasar Garzón en la causa de los cursos de Nueva York presentaron ayer un recurso ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en contra del archivo del caso, decretado por el magistrado instructor Manuel Marchena al haber prescrito el delito de cohecho impropio que le imputaba a Garzón.
La acusación popular, ejercida por los letrados José Luis Mazón y Antonio Panea, presentó un escrito un tanto peculiar. Más allá de considerar que Marchena cometió una «grave irregularidad» al «beneficiar» a Garzón con la prescripción «inventada» del delito, ya que ésta debería de haber sido de cinco años y no de tres como aplicó, aluden a las «consecuencias colaterales» de su decisión. Y lo hacen con acusaciones directas al juez.
Dicen los letrados que el magistrado del Supremo «ha mantenido abierto en falso un proceso prescrito durante dos años que solo ha cerrado cuando ha salido la sentencia de (las escuchas del caso) Gürtel», en la que Garzón fue condenado a 11 años de inhabilitación, y que «la imprensión que proyectaba es que buscaba la cabeza del juez, no unicamente investigar sus delitos de Nueva York».
Los abogados aventuran que «la misma jurisprudencia de la prevaricación que ha expulsado a Garzón en el 'caso Gürtel' sería ahora aplicable contra Marchena». El escrito añade que Garzón «logrará anular la condena» y que Marchena «le ha ayudado de forma inestimable aunque involutariamente, claro, y se ha cubierto de gloria». «Parece que en estos dos años de instrucción hemos sido los tontos útiles» del magistrado, concluyen.
