ECONOMÍA
La patronal cuestiona que la reforma laboral aprobada por el Gobierno vaya a reducir el paro de forma inminente
La huelga general «llegará», proclamó ayer el secretario general de CC OO, Ignacio Fernández Toxo, en un acto que presidió junto a su homólogo de UGT, Cándido Méndez, para analizar la reforma laboral. Las bases de ambas centrales pidieron a gritos en ese cónclave un parón total de la actividad en respuesta al envite del Gobierno. Sabedores de que queda margen para negociar, los sindicatos reservan esa medida como último recurso pero llaman a convertir la calle en un «hervidero» contra el nuevo marco aprobado por decreto.
La justificación que dieron Toxo y Méndez es la necesidad de un «cambio en el estado de ánimo» de los trabajadores antes de convocar una protesta de ese calibre. El líder de CC OO admitió que muchos empleados «desconfían» de los sindicatos, por lo que tienen por delante una labor ardua de explicación del contenido de la reforma en las empresas. Mientras tanto, impulsarán movilizaciones de menor alcance, como las manifestaciones que han convocado para este domingo en toda España.
«Debemos hacer un trabajo ingente para conseguir la fuerza que algunos creen que no tenemos», explicó Toxo. Los líderes de los dos grandes sindicatos tienen muy presente lo sucedido en la huelga general del 29 de septiembre de 2010 contra la reforma laboral de José Luis Rodríguez Zapatero, que tuvo un seguimiento desigual por sectores y territorios.
Toxo subrayó que esta vez «no se puede ir a un fallido» porque luego «vendrán los presupuestos» de 2012 (que el Ejecutivo presentará a últimos de marzo) y que los sindicatos temen que traerán más recortes. La estrategia pasa por «acumular fuerzas» y «llenarse de razones». «Que haya huelga va a depender de los pasos que dé el Gobierno a partir de ahora», señaló el líder de CC OO.
Méndez destacó que la reforma «atenta contra la convivencia» porque acabará con uno de los logros de la democracia: las clases medias. Pero insistió en que el objetivo de la reunión era animar a los delegados a difundir su contenido en los centros de trabajo. En su afán por sumar apoyos, alertó a los funcionarios de que la reforma posibilita el despido de trabajadores de la administración pública y su reemplazo por voluntarios.
«Ojo con lo que va a ocurrir en los servicios, eso es un problema de todos», avisó.
Recurso
En el Congreso de los Diputados, el grupo de Izquierda Plural (IU-ICV-ChA) reiteró su apoyo a las movilizaciones como único medio para hacer frente a la reforma laboral. Sus dirigentes ven en la mayoría absoluta del PP en el Parlamento un obstáculo insalvable de cara a cambiar el texto. Izquierda Plural insistió en que aspira a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la norma, pero para ello se necesitan al menos cincuenta diputados, lo que -aún con el apoyo del Grupo Mixto- hace imprescindible el respaldo del PSOE.
Los socialistas siguen enrocados en la creencia de que podrán suavizar algo el texto en el trámite parlamentario, aunque será difícil. Su portavoz, Soraya Rodríguez, confirmó que su grupo sigue estudiando el contenido de la norma a la busca de vulneraciones de la Carta Magna.
Por si fuera poco, el presidente de CEOE, Joan Rosell, cuestionó que la reforma vaya a reducir el paro de forma inminente. «Ni esta reforma ni ninguna otra va a crear empleo a corto plazo, porque la situación de la economía española es muy compleja», resaltó. A su juicio, los frutos de este cambio normativo no se podrán apreciar «hasta después del verano».
