Gesto por la Paz, desde el comienzo de su andadura, centró su mensaje en torno a la defensa de los derechos humanos y al derecho a la vida como principal y sustentador de todos ellos: sin vida no hay sujeto de derechos. Por eso reivindicamos el derecho a la vida, por eso exigimos a ETA y quienes aún apoyan la violencia que tomen la decisión de dejar de asesinar y amenazar, y nos sentimos profundamente doloridos y conmovidos junto a cada víctima tras cada atentado y cada amenaza terrorista.
Es precisamente la defensa de los derechos humanos de cualquier persona en cualquier situación lo que debe ser el distintivo de quienes creemos en el Estado de Derecho, y apostamos decididamente por una convivencia pacífica y democrática. Y en este sentido nos preocupan algunas de las conclusiones que, en lo referente a la posible vulneración de derechos humanos por parte de diferentes estamentos del Estado, contienen los últimos informes publicados por diversos organismos internacionales: El informe final sobre la situación en España realizado por el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas el pasado mes de noviembre, así como el informe anual de Amnistía Internacional y el informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas, entre otros, que, si bien es cierto que mencionan aspectos positivos que se han mejorado, de lo cual nos alegramos, aún contienen aspectos mejorables y sombras que es necesario despejar.
En una de sus recomendaciones, el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas insta a asegurar la recopilación fiable sobre posibles actos de tortura y malos tratos en centros policiales y otros lugares de detención, y a su esclarecimiento. Consideramos que la tortura es una violación de los derechos humanos especialmente grave y aunque creemos que ésta no es una práctica habitual ni sistemática en nuestro país, sigue siendo necesario que las instituciones se muestren firmes ante cualquier atisbo de tortura porque no puede darse ni la vejación ni amenaza seria alguna de tortura. Por ello, reclamamos que se pongan en práctica las medidas necesarias para prevenir la comisión de torturas, que se investiguen las denuncias cuando hay serios indicios de ellas, que exista una clara y pedagógica actitud en los poderes del Estado contraria a la comisión de este delito y que las penas impuestas a las personas condenadas y su cumplimiento sean proporcionales a los graves hechos a los que se refieren. No puede quedarnos ninguna duda sobre la actuación del Estado frente a la tortura.
Otro de los puntos que se mencionan se refiere al régimen de incomunicación, y se insta al Estado a su revisión y abolición, con el fin de no crear condiciones que puedan favorecer los malos tratos, y también, asegurar que los detenidos tengan acceso a sus derechos fundamentales. La aplicación sistemática de medidas excepcionales, como pueden ser la incomunicación o la prisión provisional de hasta cuatro años de manera generalizada, aunque se trate de personas presuntamente relacionadas con delitos por terrorismo, debería limitarse a lo estrictamente necesario, porque no podemos aceptar ningún atajo si puede estar en entredicho el respeto a derechos fundamentales, aunque se trate de luchar contra delitos gravísimos contra las personas en particular y la sociedad en general.
Insistimos, no todo vale. No podemos dejar que el terrorismo distorsione ni nuestros principios democráticos ni nuestros valores como seres humanos. Los derechos humanos de todos y todas son irrenunciables. Su respeto, un deber y su defensa, cuestión de principios.
