La prórroga de seis meses pactada por Interior con las compañías de telecomunicaciones para que los usuarios de móviles prepago se identifiquen, en aplicación de la ley que obliga a ello, no evitará que se corte la línea a quienes no lo han hecho antes del plazo que vence mañana. Pero sí ofrece un margen para que esos ciudadanos -en torno a los cuatro millones- puedan conservar su número. La generalización del uso del móvil no se ha traducido aún en una conciencia plena de lo que eso puede conllevar. Y la necesaria identificación permitirá cubrir un resquicio en la lucha contra prácticas delictivas de alto riesgo.
Opinión
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