El debate que tuvo lugar ayer en el Congreso de los Diputados en torno a las medidas que el Gobierno de Rodríguez Zapatero ha aplicado o piensa adoptar ante la crisis permitió entrever con mayor claridad las líneas de división que separan al Ejecutivo de la mayoría de las formaciones de oposición, y en especial del Partido Popular. Junto a la casi unánime crítica de dichas formaciones contra la tardía reacción del Gobierno ante la crisis, su improvisación y sus contradicciones, el pleno parlamentario demostró que frente al propósito gubernamental de subir impuestos para garantizar mínimos de recaudación existe un amplio sentir político proclive al mantenimiento de la actual presión fiscal; y que frente a la ampliación de las coberturas sociales existe una clara apuesta por dedicar recursos para la generación de empleo.
El presidente no debería convertir su llamada a la solidaridad de los ciudadanos en un argumento moral que coarte la discusión respecto a la idoneidad del incremento impositivo y su justeza. Sobre todo cuando tras avanzar que su propósito sería recaudar de esa manera el equivalente a un 1,5% del PIB no acierta a precisar a través de qué cambios impositivos pretende recabar esa cantidad. Resulta difícil imaginar cómo podrían incrementarse los ingresos de Hacienda para 2010 en 15.000 millones de euros sin que ello provoque efectos secundarios en la economía española. El recurso al argumento moral se evidencia también cuando el presidente reitera su compromiso de atender las necesidades de los más desfavorecidos y en especial de los parados. Es ésta una prioridad ineludible, entre otras razones porque la sociedad española necesita mantener mínimos de cohesión para aspirar al bienestar común a pesar de la crisis. Pero sería una temeridad, y en el fondo una injusticia, dedicar a la cobertura social fondos que son necesarios para generar empleo.
Rodríguez Zapatero no puede pasar por alto la pérdida de confianza que padece el Gobierno que preside en cuanto al rigor de su actuación en materia económica. Las desavenencias que afloraron ayer en el Congreso son tan profundas y afectan a una cuestión tan delicada y crucial que la credibilidad del Ejecutivo, la credibilidad de la respuesta pública a la crisis en España, depende de que el Gobierno sea capaz de consensuar las Cuentas del próximo ejercicio con la oposición popular, evitando salvarlas apuradamente con los grupos que se sitúan a su izquierda.
