El presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO), Aurelio Martínez, calcula que la iniciativa del Gobierno de avalar la moratoria en el abono de las letras hipotecarias de parados y de autónomos que acrediten pérdidas tendrá un coste de entre 100 y 400 millones de euros, en función del grado de aceptación que alcance la medida. En el supuesto máximo, podrían acogerse a la misma medio millón de personas, que aplazarían el pago de 500 euros al mes durante un periodo de dos años.
Por su parte, la Asociación Española de Banca (AEB) admitió que actuaciones de este tipo son bienvenidas, ya que ayuden a los clientes a superar «momentos de dificultad», y recordó que fórmulas parecidas ya se están aplicando de forma selectiva. Si a partir de ahora el ICO se convierte en garante de las cantidades aplazadas, la ventaja para bancos y cajas resulta obvia. Sin expresarlo tan claramente, la patronal bancaria reconoce que la decisión del Ejecutivo permitirá a las entidades suavizar la escalada en el aumento de la morosidad, con lo que se aliviará la presión sobre sus cuentas.
«Nos parece adecuado todo aquello que beneficie a la sociedad y a los clientes», declaró el director de BBVA para la Península, Juan Asúa. «La línea y la orientación nos parecen adecuadas -insistió- en la medida en que se destinan a ayudar a una parte de la población que atraviesa mayores dificultades».
Según el vicepresidente económico del Gobierno, Pedro Solbes, bancos y cajas conocieron de antemano los principales rasgos de la moratoria hipotecaria, que ahora está previsto concretar con las propias entidades. En Bruselas, Solbes explicó que el elemento nuevo de esta medida consiste en la compensación que obtiene el banco por el riesgo que asume. De este modo, los bancos tienen más margen de maniobra, y los endeudados que pierden el trabajo o entran en 'números rojos' en sus negocios encuentran un alivio.
