El Departamento de Interior del Gobierno vasco ordenó investigar las fuentes informativas de un periodista de EL CORREO e intervino con autorización judicial su listado de llamadas durante once días de los meses de marzo y mayo de 2006, un hecho sin precedentes. La Viceconsejería de Seguridad, dirigida por Mikel Legarda, intentaba averiguar el origen de una información publicada por este periódico en la que se denunciaba que un presunto colaborador de ETA había sido avisado de que iba a ser detenido por la Ertzaintza tres días antes de la intervención de la Policía autónoma. La noticia desató en Interior una 'caza de brujas' que se materializó en la acusación directa contra un ertzaina, investigado judicialmente como sospechoso de haber facilitado esos datos al informador. La imputación contra este policía ha sido finalmente rechazada por un juez de Vitoria, que acaba de sobreseer la causa.
El origen de la investigación, que intentaba descubrir las fuentes informativas de EL CORREO, se encuentra en la detención de un supuesto colaborador de la banda terrorista llevada a cabo por la Ertzaintza el 28 de marzo de 2006, apenas seis días después de que la organización armada hubiera declarado su alto el fuego permanente. La Policía autónoma arrestó a Koldo Damborenea, un abogado de Bilbao que supuestamente estaba relacionado con el comando de ETA que, en 2002, intentó asesinar a dos ertzainas en el puerto alavés de Herrera. En el tiroteo falleció el etarra Arkaitz Otazua y los dos agentes vascos sufrieron heridas de gravedad.
La operación rompía una sequía de casi tres años en la lucha antiterrorista de la Ertzaintza, ya que durante ese tiempo no se había llevado a cabo ninguna detención de presuntos miembros de la banda. El arresto, por el momento en que se produjo, fue criticado por la izquierda abertzale, que acusó al PNV de obstaculizar el proceso de paz. De forma paralela, fuentes de la propia Policía vasca apuntaban que la operación no se había llevado a cabo con anterioridad porque el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, que dirigía la investigación, se había ido de vacaciones. El propio magistrado hizo pública una nota oficial de desmentido después de que un diario vasco publicara esta información.
Pero en las pesquisas sobre el detenido existía un punto oscuro. Un ertzaina se había puesto en contacto con él tres días antes de la operación para advertirle de que iba a ser arrestado. Según una versión que figura en las diligencias judiciales posteriores, una persona que se presentó como adscrita a la Viceconsejería que dirige Mikel Legarda estuvo con un familiar de Damborenea y le entregó información sobre el caso. Escuchas telefónicas posteriores y diversas informaciones recopiladas por agentes ratificaron que se había producido una filtración. A raíz de este hecho, puesto en conocimiento del juez Andreu, se abrió una investigación interna para intentar determinar qué funcionario había pasado la información al sospechoso. EL CORREO publicó el pasado 10 de mayo la existencia de la filtración y anunció que se estaba investigando a una serie de personas del entorno del detenido.
Un dato oculto
En ese momento, la Unidad de Asuntos Internos, dirigida por Gervasio Gabirondo, inició una serie de pesquisas en la Ertzaintza para intentar localizar a quien había facilitado al periódico la citada información. Según la Consejería de Interior, el mero hecho de que se conociera la existencia del chivatazo al presunto colaborador etarra «suponía un grave desprestigio para la Ertzaintza ante la sociedad» y podía afectar al curso de otras investigaciones. Para llevar a cabo su trabajo, los agentes solicitaron a la juez de Vitoria Fátima Ortiz Alarcón -destinada actualmente en los juzgados de violencia de género de Extremadura- poder acceder al tráfico de llamadas del periodista de El CORREO Óscar Beltrán de Otálora entre los días 22 y 27 de marzo, y del 5 al 9 de mayo.
A la hora de redactar el escrito para pedir la intervención telefónica, los ertzainas ocultaron un dato a la juez. Según el informe remitido a la magistrada, el periódico publicaba datos sobre la investigación practicada a Damborenea que sólo podían proceder de la Ertzaintza. Sin embargo, al resumir la noticia para la juez, los agentes de Gabirondo borraron el texto de la información que explicaba que la operación en la que se habían obtenido los indicios -el registro de una vivienda en La Rioja- fue realizada «por un equipo conjunto de la Guardia Civil y la Ertzaintza». Ocultar la intervención del instituto armado permitía hacer ver que la información sólo podría proceder de un ertzaina.
La juez Fátima Ortiz accedió a la petición de la Unidad de Asuntos Internos. En sus razonamientos jurídicos, estimó que controlar el tránsito de llamadas era una «diligencia esencial para constatar los indicios y la consiguiente determinación de la existencia de un delito». En su opinión, no existía «otro medio de investigación» distinto «de menor incidencia sobre los derechos y libertades fundamentales del individuo». Según el auto, controlar las comunicaciones del periodista era necesario para preservar «el buen funcionamiento de las Administraciones públicas y el bien común». El texto aseguraba también que un agente estaba «utilizando» al redactor al «revelar información a la que había tenido acceso y que no debía ser divulgada».
Con la autorización judicial, los agentes accedieron al listado de números con los que el redactor se había puesto en contacto entre los días citados, así como las llamadas que había recibido. A partir de ese dato identificaron a tres personas vinculadas con la Ertzaintza. Dos de ellas fueron descartadas como autores de la revelación de secreto y se centraron en la tercera, un agente de la Policía vasca con lazos de amistad con el periodista y que, para no tener problemas con sus superiores, había notificado a sus mandos que a veces hablaba con el redactor. En ningún momento se opusieron a las conversaciones. Esta circunstancia tampoco fue comunicada a la juez y no aparece en el sumario.
Pese a ello, los agentes adscritos a Asuntos Internos decidieron investigarle como presunto autor de un delito de revelación de secretos. Con este fin, solicitaron a la magistrada permiso para 'pinchar' su teléfono el pasado septiembre, cuando se iba a llevar a cabo una operación de la Ertzaintza en el puerto de Bilbao dirigida a desmantelar una supuesta red mafiosa de contratación de cargas. Creían que el policía sospechoso facilitaría información al periódico. De nuevo, la juez accedió a las peticiones.
Fiasco absoluto
El 'pinchazo' no obtuvo ningún resultado. En primer lugar, una serie de problemas técnicos impidieron a los funcionarios policiales poner en marcha a tiempo el sistema de escuchas. Pero, además, en esos días el periodista y el agente no hablaron ni una sola vez, como se pudo comprobar analizando el listado de las llamadas del presunto implicado. La investigación de la Ertzaintza en el puerto bilbaíno fue un fiasco absoluto: de los 18 detenidos, todos fueron puestos en libertad por el juez sin medidas cautelares.
Al no lograr su objetivo, los agentes dirigidos por Gervasio Gabirondo cambiaron de estrategia e intentaron ligar al ertzaina investigado con anteriores informaciones firmadas por el periodista. Pidieron al departamento de documentación de la Consejería de Interior una copia de todos los artículos escritos por el redactor durante más de dos años y los cotejaron con todas las llamadas realizadas por el ertzaina. De esta forma, vincularon al agente con entrevistas concedidas a EL CORREO por el propio consejero de Interior, Javier Balza, o con informaciones sobre un juicio abierto al público celebrado en Vitoria a raíz de la explosión que arrasó el depósito de explosivos de Berroci -base de las unidades de élite de la Ertzaintza- y que hirió a dos policías.
A la hora de presentar su informe ante el juez, los ertzainas no pudieron ofrecer ni un indicio de que el agente bajo sospecha y el periodista habían hablado en los días previos a la aparición de la noticia que dio origen a la actuación de Asuntos Internos: esto es, si desde el propio Departamento de Interior se había alertado a un posible colaborador de ETA de que iba a ser detenido.
Una vez que los policías encargados de vigilar a su compañero redactaron el informe, el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Vitoria -que había sustituido a la juez que ordenó las escuchas- llamó a declarar al ertzaina como imputado de un delito de revelación de secretos. Sin este trámite, la investigación de la Ertzaintza para intentar descubrir las fuentes informativas de EL CORREO nunca se habría conocido. El pasado mes de febrero, y tras analizar el caso, el magistrado optó por sobreseerlo por falta de pruebas.
Durante el tiempo en el que Asuntos Internos investigó las relaciones del miembro de la Ertzaintza con el redactor de este diario, las pesquisas policiales sobre el delito del que había partido todo el asunto -que un ertzaina avisó a un presunto colaborador de la banda de que se le iba a arrestar- no habían avanzado. En las diligencias judiciales, a las que ha tenido acceso este periódico, no consta que se tomara ninguna iniciativa en este sentido desde que la Viceconsejería dirigida por Mikel Legarda decidió indagar sobre su subordinado y sobre el periodista de EL CORREO. Por el momento, Interior no ha ejercido acciones disciplinarias contra ningún agente por esta cuestión.
