Francisco Monterde, uno de los 13 magistrados del Tribunal Supremo que ha rebajado de 12 a 3 años de cárcel la sentencia al terrorista De Juana Chaos por sus dos artículos amenazantes, ha decidido dar la cara para tratar de explicar una resolución adoptada a sabiendas de que no iba a ser bien entendida por una buena parte de la sociedad. «Hicimos lo que creíamos que se debía hacer», confiesa.
-¿Qué criterio siguió el Supremo para reducir la pena a De Juana?
-El problema es que se ha producido en la opinión pública una expectativa que no corresponde a la realidad, y como consecuencia de esas expectativas exageradas, la respuesta del Tribunal Supremo ha sorprendido. Tengo un reproche que hacer a quienes son responsables de la creación de la opinión pública, porque sus posiciones han permitido esperar cosas que jurídicamente eran muy improbables sino imposibles. Ese es el origen de esa sorpresa. Y podría explicarlo más.
-Hágalo, por favor.
-A veces, la petición de penas que formula la acusación particular o el fiscal no se comparte, y entonces el tribunal no las acoge. Claro, si durante semanas se está formando una opinión en un determinado sentido, pues se la defrauda si el resultado es distinto. Para nosotros constituiría un problema que las acusaciones mantuvieran un techo bajo en sus peticiones de pena, porque nos marcarían un límite. Que se pasen por arriba no preocupa, pero sí que el delito sea más grave del que mantienen las acusaciones y que no podamos llegar a él como exige la Justicia. Pero si la opinión pública se basa nada más en que han pedido cientos de años y luego la sentencia establece cinco años, es un contraste difícil de explicar.
-En el caso de De Juana Chaos, ¿quién es el responsable de haber creado esa expectativa?
-Es difícil. Yo he oído de todo en prensa escrita, en tertulias de la radio No se lo puedo atribuir a nadie, es en general. Hay tertulianos que tienen una formación jurídica superior al resto, y otros que no son juristas pero dan su opinión. El ciudadano a lo mejor se queda con lo que dicen estos últimos porque le convencen más que las razones técnicas de los especialistas.
-Al margen de la diatriba periodística, lo cierto es que ustedes han corregido considerablemente a la baja una sentencia de la Audiencia Nacional a un terrorista y eso descoloca a buena parte de la sociedad
-Ha habido comentarios muy virulentos. He leído en un artículo de opinión: 'El Tribunal Supremo estaría en la onda del jurado que juzgó a Al Capone y que trataría de paliar, no la falta de pruebas que hubo en aquel caso, sino la injusticia flagrante que hubo en éste y que fue reducir a 18 años de cárcel los más de 3.000 que le correspondían por 25 asesinatos'. Si se trata de hacer llegar al público que la misión del Supremo es compensar la injusticia de que por 25 asesinatos sólo se cumplan 18 años, eso no es verdad. Nosotros enjuiciamos el caso de las amenazas. En cuanto a la diferencia de la actuación de la Audiencia Nacional y la nuestra, eso es producto de un criterio técnico. La Audiencia Nacional consideró que De Juana amenazó de manera concreta a unas personas y nosotros hemos entendido que son amenazas dirigidas a un colectivo. Porque con el anterior tipo delictivo se castigaban igual la detención ilegal y el secuestro que las amenazas, y fácilmente podemos entender que no es lo mismo lesionar, matar o secuestrar, que manifestarse en un determinado sentido.
-¿Cómo se puede explicar que el Supremo dictamine que la amenaza que vierte De Juana Chaos no es una amenaza terrorista?
-Tampoco hemos dicho que no sea terrorista. Hablamos de un delito de amenazas y lo ponemos en relación con otro de exaltación del terrorismo, o sea que no decimos que eso no tenga relación con el terrorismo. Lo que ocurre es que no se ha estimado la calificación máxima mantenida por la acusación popular de pertenencia a organización terrorista, algo que rechazó también la propia Audiencia Nacional. ¿Hasta qué punto este hombre no ha sido ya juzgado por eso si él mantiene que sigue perteneciendo a ETA? No se pone en duda que sea de la banda, pero no se le puede juzgar dos veces por lo mismo.
-¿Adoptaron la sentencia a sabiendas de que iba a ser polémica?
-Sí, porque dadas las expectativas, sabíamos que iba a costar entenderla. Pero no por ello podíamos dejar de hacer lo que creímos que se debía hacer.
-¿Cuándo estará esa sentencia?
-Tardará entre una semana y 15 días.
«Sin calificativos»
-¿Hay una justicia de izquierdas y una justicia de derechas?
-No, y yo creo que hay que evitar que exista. Como es natural, los profesionales tenemos una ideología, eso es inevitable. Pero hablar por ello de una justicia con un resultado de izquierdas o derechas, malo sería que se produjera. Habría que hablar de una justicia sin calificativos en cuanto al resultado.
-Pero sí hay magistrados conservadores y progresistas...
-Sí, pero sobre todo en materia penal tampoco influye mucho ser conservador o progresista. Lo que pasa es que trascienden sólo los asuntos en los que hay una fijación de los medios. Nosotros deliberamos hasta ocho asuntos a la semana y pocas veces se puede decir que uno ha mantenido una cosa por ser progresista o lo contrario. Se sorprenderían si vieran cómo en un determinado delito uno sostiene una posición que no puede considerarse precisamente progresista aunque tenga esa adscripción.
-¿Valoraron al emitir la sentencia sobre De Juana que suponía su inminente puesta en libertad?
-Sí, aunque no hicimos el cálculo, porque no teníamos por qué hacerlo. Evidentemente hay consciencia de que en un plazo relativamente breve tendrá que salir de la cárcel.
-Al contrario que con De Juana, en la reciente sentencia sobre Jarrai, de la que usted fue ponente, el Supremo aumentó una pena sobre la dictada por la Audiencia Nacional. ¿No es otra contradicción de la Justicia difícil de entender?
-Son casos completamente distintos, con hechos diferentes y consecuencias penales, por tanto, también distintas. La Audiencia dijo que había una asociación ilícita, y nosotros decimos que sí, que es ilícita, pero además es terrorista, pues los delitos que se pretenden cometer son de tipo terrorista, teniendo en cuenta lo que en todo el mundo se entiende por terrorismo.
-¿Ha recibido alguna presión o indicación del Gobierno, partidos políticos o institución?
-Rotundamente no. Sólo he recibido una carta de un particular insultándome con motivo del supuesto retraso en resolver, diciendo que estábamos en connivencia con el Gobierno. Es decir, un señor intoxicado por esas cosas que se dicen.
-¿Está contribuyendo el Gobierno a la politización de la Justicia?
-(Largo silencio) Puede que sí, pero no sólo el Gobierno. Todos los políticos, en alguna medida, tienen responsabilidad en ello. Es la percepción que tiene la opinión pública y es muy dañino para la confianza en el sistema judicial. El ciudadano no confía en ese sistema. Aunque el concepto de politización tiene muchos matices. Podríamos hablar de la sumisión a los tribunales de cuestiones que son estrictamente políticas, como las muchas querellas con un origen meramente político.
-¿No hay forma de unificar la doctrina judicial para que no haya decisiones tan dispares como en los casos de Jarrai y De Juana?
-Son supuestos distintos. En los mismos supuestos, nuestra sala sí realiza los plenos necesarios sobre un delito, para que no haya resoluciones contradictorias. Ese esfuerzo lo hacen todos los órganos judiciales colegiados. Debemos evitar las resoluciones contradictorias, que son escandalosas e indeseables. Pero si son delitos distintos, en cada caso se resuelve de una manera.
-¿Y cuándo hay el mismo delito? La reunión de dirigentes del PSE con la ilegalizada Batasuna tiene una consideración para el Supremo y otra muy distinta para el Tribunal Superior del País Vasco, de rango inferior.
-Los tribunales son independientes también con respecto a sus superiores. Nosotros podemos tener un criterio, que deberá ser seguido por los tribunales de una escala inferior, pero no podremos intervenir en su resolución hasta que la hayan tomado y alguien recurra y el asunto llegue a nosotros.
