El Tribunal Superior del País Vasco (TSPV) ha absuelto al ex presidente del Parlamento autónomo, Juan María Atutxa, y a los ex miembros de la Mesa Gorka Knörr y Kontxi Bilbao del delito de desobediencia por no haber disuelto el grupo Socialista Abertzaleak. La sentencia considera que los acusados hicieron lo posible para cumplir la orden del Supremo, pero la Cámara vasca se lo impidió, lo que provocó un grave enfrentamiento entre las formaciones del Gobierno tripartito -PNV, EA y Ezker Batua- y el Poder Judicial.
El fallo supone una nueva victoria para Atutxa, Knörr y Bilbao, pero no zanja el procedimiento, pues el sindicato Manos Limpias anunció ayer que recurrirá al Supremo otra vez. Además, uno de los magistrados del caso, Pablo Sesma, niega que los procesados hubieran intentado obedecer al Supremo, sino que les atribuye «una negativa reiterada hasta la saciedad de cumplir la orden judicial». A su modo de ver, expresado en un voto discrepante, deberían haber sido condenados a penas de multa e inhabilitación, que era lo que pedía Manos Limpias.
Sesma preside la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior, el órgano que se ha encargado de juzgar el 'caso Atutxa' y que está formado también por los magistrados Juan Carlos Iturri y Javier Murgoitio. Esa misma Sala ya había absuelto a los acusados en noviembre de 2005 porque pensó que, al margen de lo que hubieran hecho, les protegía la inviolabilidad parlamentaria, así que no había por qué estudiar el fondo del asunto. Sin embargo, Manos Limpias apeló la sentencia, y el Supremo ordenó a los tres jueces que repitieran la vista oral y se ciñeran a los hechos.
Resoluciones opuestas
La Sala ha cumplido lo que le pedían, pero ha acabado dictando dos resoluciones diametralmente opuestas, pues ambas difieren en los hechos probados, en los fundamentos de derecho y en la parte dispositiva. Es decir, atribuyen a los acusados intenciones incompatibles entre sí, de manera que una resolución exculpa a los procesados con todos los pronunciamientos, mientras que la otra les considera merecedores, por las mismas acciones, de una multa de 41.790 euros y de nueve meses de inhabilitación para el ejercicio de cargo público.
La sentencia absolutoria salió adelante con los votos de Juan Carlos Iturri y Javier Murgoitio. Ambos jueces niegan que los procesados hubieran protagonizado una «pantomima» para disolver Sozialista Abertzaleak, una vez que Batasuna había sido ilegalizada. Desde su punto de vista, no podían actuar «por la vía directa», sino que se debía aprobar una resolución similar a la que se planteó en el Parlamento de Navarra para abordar el mismo problema.
Según esta interpretación, que coincide con el planteamiento de la Fiscalía y la defensa, Atutxa, Knörr y Bilbao intentaron arbitrar los mecanismos jurídicos necesarios para suspender el grupo parlamentario abertzale, pero no pudieron hacerlo porque se lo impidió la Junta de Portavoces. «Se podrá tildar aquella decisión de ilegal, frustrante o lo que se crea conveniente, pero está tomada por personas distintas a los acusados, y estamos señalando que no hubo acuerdo previo entre unos y otros parlamentarios», señalan Iturri y Murgoitio.
La resolución exculpatoria descarta, expresamente, la tesis de Manos Limpias de que los procesados se «confabularon» con los portavoces parlamentarios Joseba Egibar (PNV), Rafa Larreina (EA) y Antton Morcillo (Sozialista Abertzaleak) para soslayar el requerimiento del Supremo. De hecho, el Tribunal Superior ya ha sobreseído la acusación de la Fiscalía contra estos tres representantes políticos.
«Mera apariencia»
Sin embargo, Pablo Sesma no comparte el punto de vista de sus colegas. «La lectura simple de los hechos que han quedado probados evidencia que la desobediencia se produjo», resume, lacónicamente, el magistrado en su voto particular. A su modo de ver, Juan María Atutxa formuló una propuesta sobre la disolución de Sozialista Abertzaleak a sabiendas de que no iba a prosperar en la Junta de Portavoces. «Tal propuesta no contenía la auténtica voluntad de cumplir la orden del Tribunal Supremo, sino de dar una mera apariencia de intentar cumplirla y de que el intento fuera frustrado por otros», sostiene Sesma.
El juez subraya que la orden judicial era meridianamente clara, de modo que el ex presidente de la Cámara debió limitarse a ejecutarla «sencillamente porque así se lo imponía el deber previsto por los preceptos legales». Sesma considera que, cuando Atutxa esgrimió que la disolución de un grupo corresponde al Parlamento, puso de manifiesto su negativa a obedecer al Supremo, tratando de «enmascararla bajo supuestas imposibilidades de cumplir la orden judicial.
