El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha denegado la pretensión del Partido Popular de que se ejecute de manera provisional la sentencia que obliga a eliminar del canon que se cobra en la autopista A-8 a su paso por Vizcaya, ya que dicha sentencia no es firme y existe un recurso interpuesto en el Tribunal Supremo.
El auto de la Sala de lo Contencioso Administrativo con fecha de ayer y hecho público hoy recuerda que una sentencia del pasado mes de febrero estimó el recurso interpuesto por el grupo del PP en Juntas Generales de Vizcaya y declaró nula la norma foral que regula el canon de utilización de infraestructuras viarias. Los letrados de la Diputación Foral decidieron recurrir dicha sentencia ante el Tribunal Supremo, que aún no se ha pronunciado al respecto.
En junio, el PP presentó un escrito en el que se solicitaba al TSJPV la ejecución provisional de dicha sentencia de manera que la Diputación Foral tuviera que elaborar "sin demora una nueva normativa que de manera provisional adecúe el canon de uso de la autopista A-8 a los requerimientos de la sentencia" o bien, la eliminación del peaje como ocurre en el tramo hacia Cantabria, propusieron los populares.
Sin embargo, el Alto tribunal vasco rechaza en su auto tal posibilidad y cree que el PP está pidiendo en realidad "la ejecución plena de la sentencia", pero de forma anticipada ya que esa resolución no es firme. También atiende a los letrados de la Diputación de Vizcaya cuando señala que la anulación del canon de la autopista conllevaría "unos efectos irreversibles" en la financiación de la vía.
Nueva norma foral
Tras la denegación por parte del TSJPV, la Diputación Foral de Vizcaya ha anunciado que presentará próximamente una nueva norma foral que regule el canon por uso de la autopista A-8, "a fin de evitar cualquier situación de provisionalidad de la legislación en un tema tan sensible para la ciudadanía".
En un comunicado, el Ente foral explica que el texto en el que el TSJPV acepta la no ejecución del referido fallo sobre el canon por uso en la A-8, establece, "como de forma reiterada ha mantenido la Diputación Foral de Vizcaya, que aquella resolución no es firme por lo cual la ejecución provisional no cabe ya que el límite para ello es la creación de situaciones irreversibles o perjuicios de imposible reparación posterior en cuyo caso, la medida de ejecución provisional debe ser denegada".
