Martes, 17 de octubre de 2006
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Cultura y PP negocian cómo difundir los precios de las compras del Guggenheim
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El departamento de Cultura y el Grupo Popular del Parlamento vasco negocian la manera en que el Gobierno podría informar pro fin de los precios que paga, junto con la Diputación de Vizcaya, por las compras para la colección del Guggenheim Bilbao. Desde que iniciaron el programa de adquisiciones hace diez años, han invertido unos 70 millones de euros en la compra de más de 80 obras a través de una sociedad limitada de capital público, sin detallar nunca los precios y mucho menos las cuentas de las operaciones, ni a la opinión pública, ni a las respectivas cámaras de representación popular.

El PP había pedido mediante una enmieda al proyecto de Ley de Museos que el articulado recogiera la obligación del Gobierno vasco de dar cuenta a los grupos políticos de los precios que se pagan por las obras de arte en aquellos museos en los que participa, como sucede en el Guggenheim.

La consejera de Cultura, Miren Azkarate, discute ahora con el portavoz del PP para temas de Cultura, Fernando Maura, la manera más factible de hacer públicos los precios -cosa que le parece impropia de un texto legal- toda vez que el Gobierno, a través de la llamada Tenedora Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Bilbao SL, procura realizar las compras directamente con los autores, a fin de obtener buenos precios; los creadores, a cambio, piden confidencialidad. Sin embargo, se negó a divulgar el precio que ha costado al erario público la instalación de siete nuevas esculturas de Richard Serra, pese a que el propio artista no tuvo inconveniente en declarar en EL CORREO que él ha cobrado por el conjunto 15,5 millones de euros.

Según la contrapropuesta de la consejera al PP, el asunto podría encauzarse con una proposición no de ley que arbitre una comparecencia anual para detallar las compras. En caso de que algunos precios debieran mantenerse en secreto a petición de los artistas, la reunión sería a puerta cerrada. Maura ha pedido que las demandas de confidencialidad estén documentadas con la petición por escrito de los autores que la requieran.

 
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