El Correo

Condenan a un colegio a indemnizar a los padres de un alumno por acoso

  • La sentencia cuantifica la compensación en 6.000 euros porque el centro no llegó a desentenderse del conflicto, aunque "aplicó soluciones insuficientes"

A Luis (nombre supuesto) sus compañeros del Colegio San Vicente de Paúl, de Limpias (Cantabria), le hicieron la vida imposible, hasta tal punto que sufrió un trastorno obsesivo compulsivo, que solo cesó cuando cambió de centro. Durante dos cursos seguidos, cuando tenía 11 y 12 años, sufrió amenazas y burlas de algunos alumnos, que sin piedad le llamaban de todo: flojo, hijo de puta, mariquita, retrasado, gilipollas, paquete, llorón, mierda... Los padres, preocupados por esos comportamientos hostiles y provocadores, denunciaron los hechos al centro, que tomó cartas en el asunto, pero de manera insuficiente. Expulsó a dos alumnos durante un día, pero no reconoció la situación de ‘bullying’. Por eso, ahora, la Audiencia Provincial de Cantabria le condena a indemnizar a los padres con 6.000 euros para resarcirles del daño moral causado al menor. La sentencia, dictada por Sección Segunda, es firme, ya que ninguna de las dos partes la ha recurrido. Los misioneros paúles ya han indemnizado a los denunciantes.

El tribunal corrige así la resolución del Juzgado de Instancia 2 de Laredo, que absolvió al colegio. La Audiencia considera probado que a lo largo del curso 2014/15 el menor "padeció un continuo y deliberado maltrato" por parte de sus compañeros del colegio, que, aunque no afectó a su rendimiento escolar, "sí produjo inquietud y sufrimiento" en el niño, en el que desencadenó un trastorno psicológico que requirió tratamiento.

Los jueces responsabilizan de esta situación de "continuo y deliberado maltrato" al centro escolar porque, aunque trató de poner fin al acoso, las soluciones que adoptó fueron "parciales" e "insuficientes" y "no afrontó correctamente" el problema. Aún así, el tribunal atribuye parte de ese fracaso a los propios padres del niño por la "defectuosa colaboración prestada" y por "las intromisiones e impedimentos" que pusieron "para adoptar las medidas disciplinarias frente a los maltratadores, paliar los efectos negativos de su comportamiento y evitar la reproducción de situaciones similares". La Sala alude también a las "tensas relaciones" de los progenitores con el profesorado y con algunos compañeros de su hijo y sus familias.

Esta conducta de la familia de la víctima ha llevado a la Sala a cuantificar la indemnización en 6.000 euros, en lugar de los 30.000 exigidos por los padres. La sentencia recoge que el chico estudió Sexto de Primaria y Primero de ESO en el Colegio de San Vicente de Paúl, de Limpias. En junio de 2014, la madre puso por primera vez en conocimiento del colegio que durante un recreo algunos compañeros amenazaron al niño con unas raquetas, así como otros incidentes tales como se burlaban de él por sus buenas calificaciones o que le habían metido hierba a la ropa. No fue hasta este momento cuando la madre entregó al centro un informe médico, redactado en 2011, en el que se remitía al menor a un psicólogo para descartar ansiedad y una posible situación de acoso escolar.

Amenazas y burlas

Al curso siguiente, entre septiembre de 2014 y mayo de 2015, los padres reiteraron al colegio su preocupación por "comportamientos provocadores y hostiles" de otros alumnos hacia su hijo, ante los cuales éste se mostraba asustado y se negaba a ir a clase. Se quejaron de las amenazas y burlas generalizadas que sufría, de un balonazo intencionado que le ocasionó una fractura de muñeca, de que arrojaran al suelo y pisotearan su cazadora, etc. La sentencia concluye que "efectivamente" algunos compañeros "menospreciaron" al chico, "riéndose y metiéndose con él en diversas ocasiones, no pasándole el balón en los recreos, diciéndole flojo, mariquita" y otros improperios. Así lo recogió el jefe de estudios en un informe y lo declararon la tutora y la orientadora del centro.

Según el tribunal, el colegio atendió todas esas quejas y constituyó una comisión de seguimiento en septiembre de 2014. Realizó intervención individual y grupal, expulsó a dos alumnos durante un día e informó al Servicio de Inspección de la Consejería de Educación. Pero, finalmente, aunque observó que se habían producido "situaciones puntuales" de falta de respeto entre compañeros, concluyó que no eran constitutivas de acoso. En diciembre de ese año, el menor sufría una trastorno psicológico, por el que tuvo que recibir tratamiento, lo que no impidió que finalizará el curso con buenas notas. Al año siguiente se inscribió en otro centro, donde se ha integrado sin problemas. No obstante, un hermano menor permanece como alumno en el centro de Limpias.

Un portavoz del colegio, Antonio Medina, señaló a este periódico que el centro "aplicó en todo momento el protoloco que para casos de acoso escolar tiene la Consejería de Educación". La familia denunció primero en vía administrativa a Educación, a la que reclamó 60.000 euros, pero ante su silencio el abogado de los padres, Francisco Javier Revilla, demandó al centro.

Recibe nuestras newsletters en tu email

Apúntate