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El Constitucional abre la vía penal contra Forcadell y el Supremo pide el suplicatorio de Homs

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La presidenta del Parlament de Cataluña, Carme Forcadell. / Toni Albir (Efe) I EP

  • La corte procede contra la presidenta del Parlament de Cataluña por desobediencia y el Alto Tribunal quiere investigar al exconsejero por la consulta del 9N

El Pleno del Tribunal Constitucional ha acordado este jueves por unanimidad deducir testimonio contra la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, por haber desobedecido sus resoluciones en las reclamaba frenar el proceso legislativo de desconexión del Estado español, en una jornada en la que se le ha complicado también el futuro procesal al exconseller de Presidencia de la Generalitat de Cataluña Francesc Homs por la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014.

En el caso de Forcadell, la Corte ha enviado las actuaciones a la Fiscalía, poniendo en marcha así la vía penal contra la presidenta de la cámara, que permite la reciente reforma de la Ley Orgánica del Constitucional. Los magistrados han tomado esta decisión después de haber avisado en repetidas ocasiones al legislativo autonómico de «su deber de impedir cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir” sus resoluciones.

El pasado 1 de agosto, el Constitucional suspendió cautelarmente los pasos dados por el Parlament de Cataluña para la desconexión y acordó “notificar personalmente” la resolución de la suspensión del acuerdo a Forcadell y a los demás miembros de la Mesa del Parlamento y al secretario general del Parlamento de Cataluña, así como al presidente y demás miembros del consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña”. Y el Pleno advirtió a todos ellos “de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir”.

Entonces la corte avisó, como ha ocurrido ahora, que está dispuesta a llevar a los tribunales a los responsables del Parlamento y de la Generalitat si, a pesar de sus advertencias, se empeñaban en desarrollar el acuerdo que el pasado miércoles se aprobó en la votación de las conclusiones de la denominada ‘comisión de estudios del proceso constituyente’, la primera piedra para la ‘desconexión’ del Estado.

Además, la corte en agosto “suspendió la vigencia y aplicación de la Resolución 263/XI del Parlamento de Cataluña (la de la ‘desconexión’), decisión que es consecuencia automática de la invocación por parte del Gobierno del art. 161.2 de la Constitución. Dicho precepto establece lo siguiente: “El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses”.

Asimismo, requirió en agosto a Carme Forcadell, a los demás miembros de la Mesa del Parlamento y al Secretario General del Parlamento de Cataluña para que, en el plazo de 20 días, informen sobre el cumplimiento por su parte de la STC 259/2015 y del ATC de 19 de julio de 2016, a efectos de la eventual adopción por el Tribunal de las medidas previstas en el art. 92.4 LOTC. Se trata de un paso previo para abrir la vía penal.

Francesc Homs, investigado por el 9N

En cuanto a Francesc Homs, el magistrado del Tribunal Supremo Andrés Palomo del Arco ha elevado una exposición razonada a la Sala Segunda de este tribunal en la que solicita la tramitación al Congreso de los Diputados del suplicatorio para proceder penalmente contra el actual diputado por los delitos de desobediencia y de prevaricación que podría haber cometido por su actuación en la consulta.

Francesc Homs.

Francesc Homs. / Efe

Esta misma mañana, la Sala Segunda ha dictado un auto en el que acuerda dar curso a la petición de autorización al Congreso de los Diputados, como requisito legal previo para dirigir el procedimiento contra el diputado y, en su caso, formalizar la inculpación por parte del instructor del caso. Con este auto, se suspenden por ahora las actuaciones hasta que el Congreso responda a esta petición.

La prueba de cargo en este proceso contra el portavoz del Partit Demòcrata Català es una carta fechada el 6 de noviembre de 2014, dos días después de que el Constitucional prohibiera la consulta, en la que él daba luz verde a un organismo de la Generalitat para que informara a la empresaT-Systems, contratada para gestiones técnicas del referéndum, para seguir adelante con la organización del mismo a pesar de la decisión de la corte de garantías.

El pasado 19 de febrero, Homs declaró ante el Supremo por la consulta. Durante hora y media sostuvo con vehemencia que sacar las urnas fue una decisión "legal" porque el Ejecutivo catalán se limitó a cumplir "el mandato del Parlament" y «favorecer el derecho de participación política" de los ciudadanos que le impone "el marco legal". No haberlo hecho, adujo, era imposible porque la prohibición del Constitucional era "tan amplia" que su cumplimiento era inviable. "Prohibían todo lo que se mueve, no podíamos ni respirar; un poco absurdo", apostilló.

El «brazo armado» del PP

El punto álgido de Homs aquel día fue calificar al Ministerio Público de "brazo armado del Partido Popular", pero hubo más. Habló de un "proceso político" que está "precocinado" en los fogones del PP y en el que el "derecho se utiliza como pretexto". Las instituciones del Estado, abundó, están entregadas al "seguidismo" de las consignas que se lanzan desde la sede popular de la calle Génova de Madrid. "Este no es un juicio para nada jurídico. La conclusión será cualquier cosa menos jurídica. Es un proceso político, una actuación que no se sostiene en derecho, sino en la obsesión de frenar el proceso iniciado en Cataluña", apostilló.

"Lo se quiere es otra cosa y los argumentos jurídicos importan lo que importan porque lo relevante es seguir el hilo gregario de lo que ha establecido el PP", insistió en castellano y en catalán y siempre con el foco en la Fiscalía General del Estado.

En esa línea recordó que los fiscales catalanes, en primera instancia, no vieron delito en la actuación de ninguno de los responsables de la Generalitat por sacar las urnas en noviembre de 2014, pero que la situación cambió de "cabo a rabo" cuando la Fiscalía General, en una actuación "escandalosa", forzó a abrir la investigación que, finalmente, desembocó en su imputación y en la del expresidente Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega y la exconsejera Irene Rigau.

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