El respaldo mayoritario por referéndum de los trabajadores de RTVE al Plan de Saneamiento constituye un paso decisivo en la configuración definitiva de un modelo de radio y televisión pública que debe superar los graves lastres del pasado. A pesar de que la regulación de empleo tiene como eje central un sistema de prejubilaciones de los trabajadores mayores de 52 años que supone una evidente discriminación por razón de edad y que, además, implica un evidente riesgo de descapitalización de masa crítica y conocimiento, la realidad es que se hacía imperioso un plan que introdujera racionalidad en una estructura laboral ineficiente y sobredimensionada. Desde este último punto de vista, sería injusto ignorar el importante avance logrado por el Gobierno de Rodríguez Zapatero en una reestructuración laboral y financiera largamente postergada en diferentes legislaturas de distinto signo político. Eso sí, la reforma emprendida debería haber establecido con antelación al redimensionamiento de la plantilla no sólo el modelo definitivo de financiación y la vinculación de sus contenidos a los objetivos de servicio público, sino también la concreción sobre la reducción en la emisión de publicidad y los ingresos derivados de la misma.

En todo caso, una vez logrado el acuerdo, el siguiente reto es el de lograr una estructura de gobierno que vincule su gestión con criterios estrictamente profesionales e independientes del Ejecutivo de turno. A tal efecto, y al margen de los límites temporales y del régimen de mayorías establecido en la Ley de Reforma de RTVE, la negociación parlamentaria para el nombramiento del presidente y de los consejeros de la Corporación RTVE debería lograr el mayor consenso sobre un sistema de elección no basado en cuotas políticas y partidistas, sino en perfiles independientes y en historiales profesionales de probada solvencia.