El juez cita como imputados a Barrena y Elkano por haber ofrecido el pasado sábado en San Sebastián una rueda de prensa llamando a la asistencia a esa manifestación "y en cuyo acta anunciador aparecía el anagrama" de la ilegalizada Batasuna, según destaca Garzón.

También acuerda requerir personalmente, a través de la Unidad Central de Información (UCI) de la Policía, a los 38 supuestos miembros de la Mesa Nacional de Batasuna elegida el pasado marzo para que en el plazo de 48 horas manifiesten si es cierto que forman parte de la citada Mesa Nacional o si tienen relación con la formación ilegalizada.

Además, pide que se les pregunte si "la formación ilegalizada y suspendida judicialmente en esta causa", en la que se investiga la relación de Batasuna con ETA y su financiación a través de las "herriko tabernas", "promueve, impulsa, organiza, apoya o tiene alguna relación con la manifestación". El juez también quiere saber a través de ese requerimiento "si cada uno de los requeridos -entre los que destacan Arnaldo Otegi y Joseba Permach- tiene relación, promueve, impulsa, organiza o apoya dicha manifestación".

Carteles

Garzón ordena asimismo a las 38 personas requeridas en esta resolución que entreguen "todos y cada uno de los carteles anunciadores de dicha manifestación en los que aparezca referencia a cualquier organización cuya actividad esté suspendida judicialmente y, en forma especial a Batasuna". Solicita en este sentido a la Policía que les advierta de que "en caso de aparecer y divulgarse carteles de ese tipo" el acto convocado sería suspendido y los responsables de su convocatoria tendrían que responder ante la Ley.

Con este requerimiento, el juez pretende que los miembros de Batasuna "conozcan la imposibilidad de concurrir bajo cualquier representación de hecho relacionada" con la formación ilegalizada y "la imposibilidad de que Batasuna aparezca relacionada de cualquier forma con dicha manifestación, apercibiéndoles de los perjuicios legales a los que hubiera lugar en derecho".

Garzón ha dictado esta resolución sin esperar al informe de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, aunque fuentes de este organismo señalaron a los periodistas que están de acuerdo con esta decisión.

Autorización de Interior

La Consejería de Interior del Gobierno vasco decidió ayer autorizar la manifestación al estimar que no hay motivos legales para la restricción de un "derecho fundamental como es el de manifestación". No obstante, en su resolución, el Departamento de Interior recordaba al organizador legal de la manifestación, al que ahora ha citado Garzón a declarar, las limitaciones legales bajo las que se deberá desarrollar.

Entre estas limitaciones, la Consejería destacaba que en el acto "no podrán tomar parte mediante anagramas o textos, organizaciones o partidos declarados ilegales." Indicaba además que "no podrán portarse o utilizarse pancartas, lemas y eslóganes que supongan una amenaza o intimidación a instituciones, partidos políticos y organizaciones, o personas que los representan". Igualmente, advertía de que "no podrán darse conductas de enaltecimiento a organización terrorista, conductas tipificadas en el Código Penal y que pueden dar lugar a la suspensión o prohibición de los actos".