Mariano Rajoy ha emplazado al Gobierno a que impida la manifestación convocada por Batasuna para el próximo domingo en San Sebastián porque es una organización "terrorista e ilegal". El presidente del PP ha recordado que ese partido tiene suspendidas sus actividades por decisión de la justicia y, en consecuencia, "no puede manifestarse". El líder de la oposición reclamó al Ejecutivo que inste al fiscal general del Estado "a actuar ya" para que reclame ante los tribunales que se prohíba la marcha.

Por su parte, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega , declinó hacer comentarios sobre la manifestación y se limitó a recordar que el Gobierno vasco es quien tiene las competencias para autorizar o prohibir la marcha. "No tengo nada que opinar, porque la competencia para autorizar esa manifestación corresponde al Gobierno vasco. Por lo tanto, el Gobierno de la nación no tiene absolutamente nada que decir en ese tema", subrayó.

Mientras, en Euskadi, el secretario general del PSE-EE en Guipúzcoa, Miguel Buen, ha considerado la convocatoria anunciada ayer "no va a ayudar demasiado", teniendo en cuenta los incidentes que suelen registrarse al término de este tipo de movilizaciones. En cualquier caso, ha indicado que es preciso respetar el derecho "constitucional" de manifestación y "mantener el equilibrio razonable al que obliga la ley".

En la misma línea se ha manifestado el portavoz de la Presidencia de Ezker Batua-Berdeak, Mikel Arana, que aseguró que la manifestación es "otra vuelta de tuerca en esta dinámica de búsqueda de escenarios incómodos a la que algunos han abocado el proceso de paz".

"Derecho básico"

La secretaria del EBB del PNV, Josune Ariztondo, ha confiado en que será "una manifestación ciudadana a favor de un lema político" y aseguró que los representantes de los agentes y partidos políticos saben cómo actuar para "ejercer los derechos" y "soslayar provocaciones como las del PP".

En similar postura se ha situado hoy el secretario de Organización de EA, Rafael Larreina, que aseguró que el derecho de manifestación es "un derecho básico y democrático que no puede ser ni impedido ni conculcado por nadie" y pidió a las instituciones públicas y a los poderes del Estado que lo "salvaguarden y defiendan".