La filtración de los supuestos acuerdos a los que habrían llegado ETA y el Gobierno como paso previo al alto el fuego permanente provocó ayer una indisimulada sorpresa en el nacionalismo institucional, que relativiza la credibilidad de esos hipotéticos compromisos y atribuye su difusión, en buena medida, a la necesidad de la organización terrorista y de la cúpula de la izquierda abertzale de «tranquilizar» a aquella parte de sus bases que se sentiría descontenta y falta de resultados con el actual devenir del proceso de paz. Fue el presidente del PNV, Josu Jon Imaz, quien verbalizó con más contundencia ese temor, aunque tanto los jeltzales como el conjunto del tripartito vasco no creen en peligro de momento el camino hacia el final de la violencia.

Imaz no ocultó ayer su «preocupación» por la actitud de determinados sectores en ETA y en la izquierda radical deseosos, a su juicio, de «poner obstáculos» a la pacificación y, al tiempo, echó un capote al Ejecutivo de Zapatero al dudar de la verosimilitud de la versión que sugiere pactos entre los socialistas y la banda armada en asuntos tan delicados como la presión policial y judicial, la reivindicación de la autodeterminación o el futuro político de Navarra. «ETA ha utilizado la difamación y la falacia cuando le ha interesado», zanjó en Radio Euskadi el líder de la ejecutiva peneuvista, quien confirmó públicamente una información que circulaba desde hace varias semanas en medios políticos vascos: que «hubo un intento» previo «por parte de personas del entorno de la izquierda abertzale» de «filtrar» la existencia de supuestos acuerdos.

Junto a ello, dejó constancia del daño que este movimiento puede provocar al Gobierno. «El que lanza cosas de este tipo no está queriendo ayudar en un proceso de paz», remarcó, al tiempo que se mostró convencido de que sólo sirven para poner «en dificultades a la otra parte», en alusión a los socialistas. Las palabras de Imaz no pueden desligarse del recuerdo fresco que mantiene la actual dirección del PNV -compartido por otros responsables del tripartito- del fiasco que supuso la experiencia del Pacto de Lizarra y, en concreto, del comportamiento de ETA una vez rota la tregua de 1998. La banda hizo públicos entonces los documentos de sus conversaciones secretas con los peneuvistas y con EA, a los que dejó a los pies de los caballos.

Cuidarse

Escaldado por aquel precedente, el PNV ha aconsejado en privado al presidente Zapatero y a los socialistas que se cuiden a la hora de dar pasos comprometidos en el proceso de paz, persuadidos de que ETA y su entorno acostumbran a interpretar los gestos de distensión como una cesión a sus intereses. A pesar de que el tripartito considera la filtración de ayer en 'Gara' una de las múltiples piedras que entorpecerán el proceso de paz y no lo ven en peligro, sí empieza a aflorar cierta inquietud en algunos círculos políticos por las posibles disensiones internas en el seno de la izquierda abertzale, que se reflejarían en la resistencia a legalizarse expresada por algunos dirigentes -como el sábado Joseba Permach- o al protagonismo asumido por un 'histórico' como Rufi Etxeberria.

El Gobierno vasco dejó su valoración en manos de la vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia, quien insistió en que el futuro de Euskadi no lo decidirán ni ETA ni Zapatero, sino la sociedad vasca a través de una consulta popular. Eusko Alkartasuna optó, por su parte, por rebajar el valor de las filtraciones: Rafa Larreina aseguró que su partido, lejos de «escandalizarse», considera «lógico» que los socialistas y la banda armada hayan mantenido contactos previos porque resultaría «irresponsable» emprender de otra manera un proceso de paz. En la misma línea se pronunció Ezker Batua que, no obstante, advirtió de que «contribuye poco» a la actual situación que se desvelen sus interioridades.