El PP vasco denunció ayer, tal como había anunciado, a los cinco participantes en la reunión celebrada el pasado jueves entre el PSE y Batasuna en el hotel Amara de San Sebastián -los socialistas Patxi López y Rodolfo Ares y los miembros de la mesa nacional Arnaldo Otegi, Rufi Etxeberria y Olatz Dañobeitia- al considerar que han podido incurrir en un presunto delito de desobediencia a la sentencia del Supremo que ilegalizó en 2003 a las marcas políticas de la izquierda abertzale y ordenó su disolución. Cree también que el encuentro quebranta las medidas cautelares dictadas por la Audiencia Nacional para suspender las actividades del partido proscrito.

El secretario general de los populares vascos, Carmelo Barrio -que es quien formula la denuncia en su propio nombre y en el de su partido, para reforzar la personalidad jurídica del demandante y evitar una posible inadmisión a trámite por este motivo- y el portavoz del partido, Leopoldo Barreda, fueron los encargados de registrar el escrito, de 21 páginas, en la sede bilbaína del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Le corresponde ahora a la Sala de lo Civil y Penal decidir si lo admite o no y, en caso afirmativo, nombrar un instructor.

La denuncia pretende trascender «el reproche y la reprobación política y moral» que, a juicio de los populares, merece la cita y lograr que se depuren las «responsabilidades penales» correspondientes. «No se puede permanecer inactivo e impasible ante lo que puede constituir un ataque frontal al Estado de Derecho», argumentan en el escrito, convencidos de que pasar por alto la celebración del encuentro «esteriliza» de hecho las resoluciones judiciales adoptadas contra Batasuna «por ser el brazo político de ETA».

Ésa es la razón por la que, según constató Barrio, el PP ha decidido «cumplir con su obligación política y democrática», por muy «duro» que le resulte y pese a que «hubiésemos preferido no tener que hacerlo». De hecho, la inédita denuncia contra el líder de los socialistas vascos y el coordinador de su ejecutiva podría no ser la única y hacerse extensiva a otros interlocutores de Batasuna como EA -los servicios jurídicos del partido lo estudiarán-, si bien el PP reconoce que se ha decidido a actuar en este caso concreto por su «relevancia».

El auto de Garzón

Aunque la resolución del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que decidió desoir la petición de Dignidad y Justicia y no prohibir la reunión, da bazas al PSE para defenderse de la posible imputación -de hecho, López dijo ayer estar «muy tranquilo» porque acudió a la cita «con el aval de la Justicia»-, el PP se apoya en que el auto no es firme, al estar recurrido, ni tiene tampoco «ninguna influencia» en el objeto de la denuncia. «La existencia objetiva del delito de desobediencia no depende del criterio de un juez cuya competencia objetiva nada tiene que ver con la valoración de ese delito», razona el PP, basándose en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Pide además que a López y Ares se les aplique el delito cometido por autoridad, al ser ambos parlamentarios vascos.

El PP aporta la profusa información aparecida en Prensa sobre la reunión, recuerda que Batasuna está incluida en el listado de organizaciones terroristas de la UE y cita una sentencia de 1995 -de la que, curiosamente, fue ponente el actual fiscal general, Cándido Conde-Pumpido- para constatar que es suficiente con «tener conocimiento» de las resoluciones judiciales para incurrir en desobediencia.