El presidente del Gobierno y el ministro de Defensa han aprovechado la visita programada a España del secretario general de la OTAN, Jaap De Hoop Schaffer, para repasar la situación del contingente en Afganistán tras el reciente atentado contra una patrulla en el que murió un soldado. De Hoop ha agradecido el esfuerzo de mantener 720 efectivos en la misión de la Alianza, en la que participan otros treinta países. Y, sobre todo, ha subrayado la importancia de ganar la batalla por la reconstrucción de un país que ha celebrado elecciones y ha restablecido algunos servicios públicos como la educación básica, pero que puede volver a convertirse en caldo de cultivo de grupos terroristas.

España debe ser un actor internacional capaz de intervenir en apoyo de sus aliados tanto en situaciones de reconstrucción de países como en conflictos en los que esté amparada por la legalidad internacional. El Gobierno parece dispuesto a volcarse en Afganistán aunque con los límites del desempeño de una labor humanitaria y de seguridad de las propias tropas. Por ello, el contingente español se ha desplegado en el este del país, mientras que en el sur británicos, holandeses y canadienses apoyan a las tropas de EE UU que combaten la reactivación de los talibanes y la insurgencia islamista.

Rodríguez Zapatero y el titular de Defensa han subrayado que la presencia española en Afganistán constituye una misión de paz bajo los auspicios de Naciones Unidas; y el presidente del Gobierno ha reafirmado la intención de mantener una intensa cooperación UE-OTAN, una opción políticamente impecable. Pero tras la confirmación por parte del ministro Alonso de que la mina anticarro que mató al paracaidista fue colocada con el propósito de atacar a las tropas, el Ejecutivo debería tomar en consideración las palabras del secretario general de la OTAN respecto del «alto precio» a pagar por la presencia en Afganistán. Porque la actuación en la región quizás no siempre pueda realizarse bajo la estricta fórmula de misión humanitaria.