Un tercio de los vuelos de Iberia fueron cancelados ayer por la huelga de pilotos. La opinión pública, tristemente acostumbrada a estas medidas de fuerza tan lesivas para los consumidores, ha encajado la noticia con indignación por tener que soportar la suspensión de operaciones en esta época del año. Pocas veces un paro convocado por un grupo de trabajadores había suscitado, además, tanta animadversión incluso entre las grandes centrales sindicales, que se han mostrado radicalmente en contra y han llegado a afirmar que «el colectivo privilegiado de los pilotos está poniendo en serio riesgo el futuro de la compañía».

Hasta ahora, el Sepla había tratado de preservar los privilegios de los que disfrutaron sus miembros durante la época de los monopolios nacionales de las compañías de bandera, lo que convirtió a Iberia en una empresa pública ajena a las leyes mercantiles. Sin embargo, y según la dirección de la sociedad, lo que los pilotos pretenden con la presente campaña de movilizaciones no es una reivindicación laboral sino impedir que Iberia participe en el capital constitutivo y en la gestión de Catair, una aerolínea de bajo coste para competir en determinados mercados de los que está siendo expulsada; algo que a juicio de Iberia es una intromisión ilegítima en la definición y en las grandes decisiones de su estrategia futura, por lo que ha reclamado a la Administración que declare ilegal la huelga. Por su parte, y seguro que con razón, los pilotos temen que esta flexibilización de la compañía -inevitable si quiere sobrevivir en la jungla del transporte aéreo- suponga a la larga la desaparición de buena parte de sus ventajas, y en concreto del concepto de 'antigüedad', por el cual perciben salarios muy superiores a los de la competencia. Por esto, superado el despropósito de exigir un aval bancario que garantizara sus salarios hasta la jubilación, las reclamaciones de los pilotos se centran ahora en que se les asegure por escrito que no se perderán puestos de trabajo.

Siempre es duro para un trabajador asumir que debe renunciar a parte de sus privilegios y los pilotos ya lo hicieron tras la crisis de la segunda Guerra del Golfo, al asumir cláusulas especiales de reducción de salarios. Pero se equivoca el Sepla si piensa que su colectivo puede tratar de alterar gratuitamente las reglas del libre mercado con medidas de presión que dañan los intereses de los viajeros, quienes en último extremo pagan sus nóminas. La dirección de Iberia puede acertar o equivocarse en sus decisiones empresariales, de ello responderá ante los accionistas; y los trabajadores están para garantizar con su profesionalidad y formación que los vuelos se realizan con todas las garantías de seguridad, no para decidir lo que es bueno o malo -comercialmente- para la compañía.