La Audiencia Nacional no actuará contra la ilegalizada Batasuna tras la reunión que tres de sus representantes mantuvieron ayer en un hotel de San Sebastián con dos dirigentes del PSE, una vez estudiado el informe policial que el juez Baltasar Garzón ordenó elaborar sobre el encuentro.

Según informaron fuentes jurídicas, el informe, de sólo cuatro páginas y entregado hoy al juez por la Unidad Central de Inteligencia de la Policía, se limita a recoger el seguimiento hecho a Arnaldo Otegi, Rufino Etxeberria y Olatz Dañobeitia hasta el hotel, la duración de la reunión y el hecho de que abandonaron el establecimiento en el mismo vehículo en el que habían llegado. El informe policial no aporta ningún dato sobre el contenido del encuentro, ya que señala que éste tuvo lugar en unos "salones privados".

El juez Garzón dio hoy traslado del escrito de la Policía al fiscal del caso, Juan Antonio García Jabaloy, quien después de leerlo dijo a los periodistas que, a la vista del mismo, no pediría la práctica de ninguna diligencia. Tampoco el magistrado, según otras fuentes consultadas en el tribunal, tomará ninguna decisión de oficio sobre la ilegalizada Batasuna, ya que del informe policial no se concluye la existencia de indicios de delito.

Dignidad y Justicia, disconforme

El escrito de la Unidad Central de Inteligencia también ha sido entregado a la asociación Dignidad y Justicia, que ejerce la acusación popular en la causa, y cuyo abogado, Joaquín Ruiz, anunció hoy que el próximo lunes pedirá la citación como imputados de los tres miembros de Batasuna que acudieron a la reunión. El letrado dijo que también baraja pedir que se llame a declarar a alguno de los representantes del PSE en el encuentro -su secretario general, Patxi López, o su portavoz parlamentario, Rodolfo Ares- para que informen sobre el contenido del mismo.

El pasado día 3, Dignidad y Justicia solicitó a Garzón que prohibiera la reunión y que, en caso de que ésta se celebrara, "se inste a actuar a las Fuerzas de Seguridad para impedirla". El magistrado rechazó esta petición en un auto, que hoy fue recurrido por esta acusación popular, en el que afirmaba que no permitir la celebración del encuentro sin saber si tendría contenido delictivo sería "una resolución de contenido político" y no judicial.