La investigación que inició la Fiscalía Anticorrupción a finales del año 2002 y que más tarde asumió el Juzgado de Instrucción número 4 de Bilbao ha consumido ya tres años y tres meses sin que, por el momento, se haya podido clarificar el fondo de la cuestión: a qué razones obedecía la aplicación de un procedimiento irregular por parte del jefe de la Inspección Fiscal de Vizcaya, Juan Ramón Ibarra, que permitía en la práctica proporcionar un alto grado de protección a más de un centenar de contribuyentes -entre particulares y empresas-, frente a cualquier intento de apertura de una inspección fiscal.

El juez que instruye el caso ha tomado declaración a decenas de testigos y ha encargado un informe pericial a dos inspectores de la Agencia Tributaria, documento que aún no ha sido trasladado a las partes. El prolongado periodo de tiempo consumido ya en las investigaciones -que hay que tener en cuenta que han sido bautizadas como «previas»- ha generado una notable inquietud en la Diputación y también en los cuatro funcionarios que figuran como impuestos.