Humedades, fuga de aguas, defectos en los enchufes, parqué mal instalado. Los alaveses plantearon 1.200 quejas en los dos últimos años por las deficiencias que presentaban los pisos públicos que recibieron, según los datos ofrecidos de la empresa Visesa -Vivienda y Suelo de Euskadi-, dependiente del Gobierno vasco. Las reclamaciones se repartieron casi por igual el ejercicio pasado -600- y el anterior -689- y fueron respondidas por el Ejecutivo autónomo, que reparó las deficiencias. Todas las casas, tanto de protección oficial como sociales, fueron promovidas por el Departamento de Vivienda a través de Visesa.

Las 1.200 denuncias se presentaron con posterioridad a la recepción oficial del piso, después de escriturarlo. En el 77% de los casos se tramitaron en los seis primeros meses desde su entrega. Con anterioridad, técnicos de la promotora oficial habían realizado una primera revisión visual de la casa, a la que siguió luego otra acompañada del comprador.

Aunque desde el departamento dirigido por Madrazo se asegura que «no es una cifra elevada» -reconocen, no obstante, que no tienen datos para una comparación contrastada-, los expertos destacan que en los pisos recién construidos «las deficiencias son generalizadas».

«Más del 90% tienen algún fallo de construcción, sea de mayor o menor entidad y con independencia de que hayan sido promovidos desde el Gobierno, el Ayuntamiento, una cooperativa o un particular», asegura el abogado Óscar Baro, de la asesoría Aboaser. El especialista en la gestión de comunidades de vecinos achaca este tipo de problemas a «las prisas por entregar las llaves».

Una encuesta realizada hace un año por el Ayuntamiento de Vitoria ya revelaba que dos de cada tres ajdudicatarios de casas protegidas se quejaban de su «mala calidad».

Todas las incidencias planteadas por los alaveses en estos dos años son calificadas como «leves» por los responsables de Visesa. «Suele tratarse de humedades producidas por fugas de agua, problemas eléctricos con los enchufes, la señal de las antenas de televisión, los videoporteros. También hay daños de carácter estético, como rayas, golpes o deficiencias en puertas y cierres», detalla un portavoz de Vivienda.

Un abanico de problemas que coincide de lleno con el que trabajan las asesorías especializadas en la gestión de inmuebles, que añaden la aparición de «grietas en algunos casos, una deficiente instalación de suelos o la mala impermeabilización de techos y tejados», resume Óscar Baro.

Un año de plazo

El portavoz de la consejería sostiene que, en cualquier caso, no se ha registrado «ninguna anomalía grave, que implique problemas estructurales o vicios importantes de construcción, que afecten de forma seria a la habitabilidad».

Los expertos recuerdan que los pequeños defectos encontrados en las viviendas se deben resolver cuanto antes. «La ley establece un año de plazo para presentar este tipo de reclamaciones, tres cuando hay problemas de habitabilidad y hasta diez si las deficiencias fueran serias y estructurales», señala Baro. El abogado explica que muchas veces los promotores urgen a los compradores y «les dan sólo un mes para que reclamen, argumentando que todavía tienen los gremios a mano, pero luego tardan mucho más en solucionarlos».