Álava es una de las provincias donde Amnistía Internacional encuentra lagunas en el cumplimiento de la Ley estatal Integral contra la Violencia de Género y, entre las carencias detectadas está la ausencia de una unidad forense que valore las lesiones de las víctimas.

El informe presentado por Amnistía Internacional sobre el cumplimiento de la ley en diferentes comunidades autónomas, detecta al menos 24 lagunas u obstáculos con los que se encuentran las mujeres víctimas de malos tratos para defender sus derechos.

Las representantes de AI, tras cumplir un año desde la entrada en vigor de la Ley estatal integral contra la Violencia de Género, denuncian que existen importantes materias sin desarrollo normativo y que la respuesta institucional a los casos de malos tratos no es homogénea en todas las comunidades autónomas.

El informe, titulado "España: más derechos, los mismos obstáculos", analiza los cambios en la respuesta del Estado a la violencia doméstica desde la entrada en vigor de la ley, en un año en el que se recogen "las peores cifras de mujeres asesinadas desde 1999, con un total de 32 víctimas mortales (a fecha 31 de mayo de 2006)".

Carencias

Entre las carencias detectadas, AI aseguró que "en colegios de abogados como los de Madrid, Vitoria y toda Andalucía no existe todavía un servicio de atención a víctimas en comisaria, por lo que las mujeres no cuentan con asistencia letrada al interponer la denuncia". La Ley Integral establece el acceso a la justicia gratuita "desde que la mujer lo requiera", recordaron.

En el caso de las víctimas que son extranjeras y su situación administrativa es irregular, la cuestión es aún peor puesto que para ellas el hecho de denunciar "supone un riesgo de que se les abra un expediente de expulsión, a no ser que consigan una orden de protección y una sentencia que condene al agresor".

Además, en Álava no existen unidades forenses que valoren las lesiones en las víctimas. Esto mismo ocurre en Valencia, Ciudad Real o Madrid, según el informe de AI

En el informe presentado hoy sobre el conjunto del Estado se recogen cuarenta recomendaciones dirigidas al Ejecutivo español, a los gobiernos autonómicos, a la Fiscalía contra la Violencia sobre la Mujer y al Consejo del Poder Judicial.