ETA hizo público ayer un nuevo comunicado en el que, aunque reafirma la vigencia del alto el fuego decretado el 22 de marzo, exige al Gobierno español que adopte y cumpla «sus compromisos» y garantice un «cese total de la represión». La banda reclama a José Luis Rodríguez Zapatero que pase «de las palabras a los hechos» y dé los pasos necesarios para «garantizar que ninguna Constitución» limite las decisiones que en un futuro pueda tomar el pueblo vasco. El cuarto comunicado de la organización terrorista desde que anunció la tregua fue remitido a media tarde a la radio pública vasca y dibuja de forma explícita el guión que establece ETA para abandonar definitivamente las armas. Una 'hoja de ruta' con marcado contenido político, que deja en una situación complicada al Ejecutivo, y que fue rechazada inmediatamente por el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.

A la espera de que Zapatero acuda al Congreso para pedir autorización e iniciar los contactos oficiales con la organización, la propia ETA dio un paso al frente y se dirigió a la «opinión pública española» -con un texto de tres folios de extensión y redactado en castellano- para que apoye «una solución negociada y justa» al «largo y duro» conflicto que «enfrenta a Euskal Herria con España». La banda, que hace apenas siete días hizo público otro texto en el que pedía a Francia que se implicase en el proceso, establece las bases que, en su opinión, es necesario respetar para avanzar hacia la consecución de una «verdadera situación democrática»; premisas que giran alrededor del derecho a decidir y el respeto a lo que «el pueblo vasco acuerde sobre su futuro».

Al igual que en el comunicado dirigido a las instituciones galas, la organización terrorista hace de nuevo un recorrido por la historia del País Vasco para recalcar que la posibilidad de derrotar a ETA «se ha confirmado una y otra vez como un espejismo represivo». La banda no duda en afirmar que el «fracaso de las estrategias de guerra es evidente»; también el del Estado de las Autonomías, creado para «neutralizar la lucha del pueblo vasco combinando la zanahoria estatutaria con el palo de la represión».

Con un discurso en el que sitúa «hace varios siglos» el origen del «conflicto», la organización sostiene que su «voluntad y deseo» es alcanzar la paz mediante la «negociación». «Estamos convencidos de que, aquí y ahora, es posible», llega a afirmar el comunicado. Pero, acto seguido, ETA también advierte de que «nunca aceptará» que el Gobierno intente utilizar «tácticamente este proceso para engañar» a la ciudadanía o trate de «neutralizar» a la banda.

Garantías

Incluso, va un paso más allá y establece dos exigencias básicas para alcanzar una solución definitiva: acabar con las medidas «represivas» y respetar la voluntad de los vascos. En este sentido, considera «imprescindible» terminar con «la represión que a día de hoy aún persiste» porque es «absolutamente incompatible con un proceso de paz». El comunicado llega un día después de que las fuerzas de seguridad desmantelasen la red de extorsión de la organización y detuviesen a doce personas. Sin embargo, algunas fuentes sostienen que el texto estaría redactado antes de producirse la operación policial, que no es mencionada. Asimismo, añade que el «proceso democrático» que debe desarrollarse tiene que contar con «garantías suficientes» de «no injerencia» por parte de los poderes del Estado, ya que éstos «no pueden condicionar» el proceso».

A pesar de que el Gobierno central repite de forma constante que la paz no tiene precio político, ETA dejó claro que, en su opinión, sí lo hay: «Al final de este proceso la ciudadanía vasca deberá tener la palabra y la capacidad de decisión en torno a su futuro sin ningún tipo de límites». En un comunicado en el que la situación de los presos es mencionada de pasada, la organización sí recalca que el Ejecutivo debe «expresar su compromiso de respetar lo que el pueblo vasco acuerde» y pasar «de las palabras a los hechos», dando los pasos necesarios «para garantizar que ninguna legislación, ordenamiento jurídico ni Constitución sea obstáculo o límite en el desarrollo de la decisión» que se tome en Euskadi.

La banda, además, abre la puerta a posibles interpretaciones sobre la existencia de acuerdos previos con el Gobierno al afirmar que las autoridades españolas deben «adoptar y cumplir sus compromisos de 'alto el fuego'» y garantizar «el cese total de la represión», «los ataques» contra los presos a través de la aplicación de «leyes de excepción» y el «chantaje y la extorsión contra las actividades políticas» de la izquierda abertzale.

A pesar de las advertencias, ETA asegura que «quizás nunca antes hayamos estado tan cerca de solucionar el conflicto político entre Euskal Herria y España». La banda se dirige a Zapatero para recordarle que «tiene ante sí una oportunidad histórica» para apostar por una «estrategia de paz basada en el reconocimiento de Euskal Herria». Tras achacar al Estado el fracaso de las negociaciones de Argel, la organización terrorista afirma que «sus decisiones y pasos» serán consecuencia «de la actitud que mantenga el Gobierno español».