La gestión del dinero en el seno de ETA se ha dividido en dos estructuras, una que se encarga específicamente de conseguir los fondos mediante la extorsión, (Gezi) y otra que se ocupa de lo que sería la administración de los recursos conseguidos (Diba).

Gezi se ocupa de toda la actividad que tiene que ver con el chantaje a los empresarios, enviarles las cartas sucesivas, controlar los pagos y, si es necesario, realizar atentados contra aquellos que se resisten a la extorsión. Esta estructura tiene sus propias células armadas que son las que en los últimos años han llevado a cabo la colocación de bombas en las empresas actuando con independencia de lo que es el Aparato Militar.

También se encarga de organizar las campañas de boicot contra las empresas que no pagan. Para realizar esta actividad cuentan con una célula que es el punto de contacto entre la estructura clandestina de ETA y las organismos públicos de la izquierda abertzale. A esta célula se le llama Orain Taldea y tiene como función difundir los panfletos o las pegatinas con las listas de las empresas para las que se pide el boicot.

Bonos

El aparato de Gezi interviene también en el proceso de elaboración de los bonos emitidos por ETA para obtener fondos de personas afines a la organización terrorista. Documentos internos de la propia banda ponen en evidencia que son tres los aparatos de ETA que intervienen en la preparación y distribución de estos bonos. El 'Aparato Político' es quien toma la decisión, quien controla el diseño y los textos de los bonos y quien da las instrucciones para su distribución.

De la preparación, control y distribución de los bonos se encarga Gezi, mientras que la confección material de los bonos corre a cargo de ADI, la estructura de la banda que se encarga de la falsificación de documentos y a la que corresponde la tarea de impresión. Hasta su detención el 3 de octubre de 2004, Marisol Iparragirre era la máxima responsable de Gezi. En la casa en la que vivía con su compañero y también dirigente de ETA Mikel Antza se encontró numerosa documentación sobre las actividades de la estructura de extorsión.

Gracias a esos datos, se sabe que el presupuesto anual de Gezi es de unos 47.000 euros, a pesar de ser una estructura atendida por un reducido número de personas, cifrada entre cuatro y seis activistas, al margen de los colaboradores que ayudan a recoger el dinero de los empresarios y a canalizarlo a la banda terrorista. El capítulo más importante de ese presupuesto es el que la propia ETA encuadra en el epígrafe de gastos "para vivir" que asciende a unos 28.000 euros anuales.

"Extras"

Los gastos ocasionados por los desplazamientos y el transporte ascienden a unos 7.800 euros anuales y se convierten en el segundo foco de gasto. Le siguen por orden de importancia los gastos de material, que superan los 5.800 euros y una cantidad de unos 5.200 que se destina a lo que en el balance de la organización terrorista se denomina "extras".

El aparato de finanzas de ETA ha venido siendo investigado desde hace años por los cuerpos policiales, pero las operaciones que se han realizado contra él han sido hasta el momento limitadas. Así, por ejemplo, el 10 de enero de 2003 fueron detenidos tres miembros de ETA después de que acabaran de hacerse cargo del dinero que les había entregado un empresario extorsionado por los terroristas.

Ese mismo año, en el mes de diciembre, una patrulla de gendarmes sorprendió en Las Landas a varios miembros de ETA que mantenían una cita en un camino forestal cerca de Dax. Los etarras huyeron pero abandonaron un coche en el que se encontraron más de doscientas cartas de extorsión metidas en sobres y listas para ser enviadas. Las huellas dactilares halladas en el coche permitieron identificar a uno de los huidos como Iñaki Arietaleanizbeaskoa, que fue detenido el 19 de marzo de 2005, junto a otros dos supuestos miembros de Gezi, en Cap D'Agde, localidad de la costa mediterránea.

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